El activista por los Derechos Humanos considera que el Estado ha aplicado una política de ensayo y error en asuntos carcelario y no acepta los consejos de expertos en la materia
Efrén Pérez Hernández -el siglo-Caracas
foto: Joe Heredia
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| Humberto Prado asegura que las cárceles venezolanas están montadas en un barril de pólvora |
El profesional del Derecho, activista de los Derechos Humanos y director de la Organización No Gubernamental, Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado Sifontes, no dudó en calificar de catastrófica la gestión que en un año cumplió la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Según los número del OVP, en los 12 meses al frente del novísimo ministerio al mando de la ex diputada por la bancada del Psuv, asesinaron en las prisiones venezolanas a 567 personas, en tanto que en el mismo lapso, 2010-2011, antes de la creación presidencial del ministerio fueron 535 los muertos en cárceles, que según la ONG representa un incremento de 5.98 por ciento, en la gestión de la abogada tachirense.
Prado aceptó recibir en su oficina, en el centro de la ciudad de la capital de la República, al equipo reporteril del "matutino de los valles de Aragua", y entre informes, carpetas y la ayuda de la Internet reveló que según el monitoreo que lleva a cabo a diario el OVP "desde 1999 al primer semestre de 2012, han muerto 5 mil 370 personas en prisión, mientras que 15 mil 131 han resultado heridas. Eso quiere decir que 20 mil 500 personas han sido tocadas por la violencia carcelaria".
ENSAYO Y ERROR
Al activista de los Derechos Humanos se le consultó sobre el por qué se ha llegado a tan elevado índice de violencia. Indicó que el Observatorio Venezolano de Prisiones ha examinado los elementos que han llevado a la actual situación carcelaria.
"No hay nada estipulado, ni en la Ley de Régimen Penitenciario, ni en la Constitución, de que el Derecho a la Vida es violable. Por el contrario, dice que el Derecho a la Vida es inviolable.
Tenemos una política de parte del Estado que es del ensayo y error y en materia carcelaria tú no puedes impulsar este tipo de política, porque se trata de vidas humanas, que se encuentran en prisión, y cuando precisamente se trata de este tipo de elementos, usted tiene la responsabilidad de garantizar su vida, su debido proceso, su alimentación, trabajo y estudio, de tal manera que a su tiempo en reclusión se convierta en rehabilitar a la persona.
Si usted no lo hace, entonces el problema no es de la cárcel ni del preso, el problema es del Estado como tal, y en todo momento, ha sido notorio público y comunicacional, y por el contrario ellos en ningún momento reconocen nada".
Prado indicó que cuando al Gobierno se le critica la errática política carcelaria los voceros responden que: "Ahora tenemos un Consejo Superior Penitenciario, ahora tenemos un Plan Bolívar, ahora tenemos una emergencia carcelaria, ahora tenemos un Plan de Humanización.
Y los que siempre se sientan para discutir los planes y la problemática, son precisamente los que tienen el problema, y en ningún momento ellos se han dignado a llamar a las personas que trabajan el tema para que colaboren en el fortalecimiento de sus programas, ellos lo están haciendo muy mal, no es regular, lo están haciendo muy mal".
PENA EN JUICIO INTERNACIONAL
La conversación con Humberto Prado era interrumpida frecuentemente por algún mensaje de texto, para invitarlo a participar en algún medio de comunicación social, o de la angustia de algún familiar de un privado de libertad o información del algún centro de reclusión sobre violencia.
Al retomar el tema. Prado recordó lo ocurrido en una audiencia llevada a cabo en la Corte Interamericana de los DH, donde el OVP acusó al Estado sobre violación de Derechos Humanos, y el Estado representado por un abogado venezolano intentó defender a su cliente sobre las acusaciones.
"En ese entonces el presidente de la Corte Interamericana, magistrado Sergio Ramírez, de México, le preguntó al abogado de la defensa, qué estaba haciendo el Estado venezolano para salvaguardar la vida de las personas. El representante del Estado respondió que el Presidente de la República acababa de decretar una emergencia carcelaria, que había elevado el monto monetario, para las actividades en las cárceles.
El magistrado le indicó que eso era importante, pero su pregunta era qué estaban haciendo para que no muriera un interno más en su país, en vista de que lo que están haciendo no es lo importante, lo importante es que no muera una persona más. No sé si usted me entiende lo que intento decir".
"Los informes del OVP -prosiguió Prado-, cada vez son más alarmantes. Ellos -el Gobierno- no atacaban ante la Corte Interamericana, ni el informe, ni el mensajero, sino que se dignaban a decir que eso era un problema de la IV República, que ellos simplemente los estaban enfrentando, reconociendo, pero en ningún momento le explicaron a la Corte Interamericana qué estaban haciendo ellos para que no muera ningún interno más.
EL QUE SIEMBRA VIENTO...
El presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, doctor Humberto Prado recordó que en 1999 se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal y que desde entonces faltaron programas continuos y sostenidos.
"En ese momento la población reclusa era de 24 mil presos, y cuando se aprueba el Copp, se van en libertad 10 mil, y quedan en las cárceles 14 mil.
En ese momento existían incluso los retenes de La Planta y El Junquito. Teníamos penales para que por lo menos esos 14 mil seres humanos, que estaban en prisión fuesen inmediatamente clasificados por el tipo de delito, grado de peligrosidad, por el sexo y separación de categoría, que los condenados por un lado, reincidentes por otro lado y primarios en otro sector.
Eso daba para que por lo menos una oportunidad criminológicamente de trabajo de saber qué tipo de servicio le vas a brindar a cada uno de ellos, según su perfil.
No lo hicieron en 1999. Anteriormente teníamos un sistema inquisitivo y hora el sistema es acusatorio, que dicen que es más expedito, más rápido, y que este Copp, ha sido objeto de seis reformas, tenemos 45 mil presos.
Si no hiciste los cambios cuando tenías 14 mil, ahora, con 31 mil más, que duermen en el piso, en las escaleras, amarrados a los barrotes; y si en aquel momento no fortaleciste, por lo menos con el personal, con los servicios, para que la gente que fuera ingresando se encontrara con un penal organizado, donde te leían tus deberes y derechos, te observaban, te recluían según tu tipo de perfil, para clasificarte, y no lo hicieron.
Ahora, cuando tienen un 209,7 por ciento de hacinamiento. ¿Cómo lo vas hacer?
LA PLANTA TENIA OTRA SALIDA
Prado asegura que en la situación carcelaria al Estado no le interesa solucionar el problema, sino hacer política y pone como ejemplo lo ocurrido con el desaparecido retén judicial La Planta, donde el Gobierno decidió trasladar a los internos a otros centros y lo que dejaron fue una gran valla política.
-Ellos -el Gobierno-, vaciaron La Planta porque estaba en condiciones infrahumanas, porque eso no servía, porque no podía estar en el centro de la ciudad. Nosotros, el OVP, ante la situación bélica, previo a la medida de la mudanza, propusimos que se reacondicionara el retén de El Junquito, que está cerrado, y llevar a ese lugar a la mitad de la población de La Planta, y se podría tomar el control y deshacinar La Planta.
A los que trasladarían a El Junquito serían recibidos por personal de educación, seguridad, personal administrativo, la directiva del centro de reclusión. Tendrían área de trabajo, porque ese centro de reclusión tiene suficiente espacio físico para trabajar. Es más, el retén El Junquito fue uno de los primeros en Venezuela, que tuvo un núcleo universitario, de la UCV.
El activista por los Derechos Humanos, también señalo que el OVP, sugirió al Estado utilizar el retén El Junquito, para los privados de libertad procedentes del litoral varguense.
"El estado Vargas tiene más de mil 300 presos regados, porque la entidad no tiene un internado judicial. Por eso recomendamos que El Junquito fuera un local exclusivo para los presos del litoral central"
¿Y esa propuesta surgió de ahora?
No, esa sugerencia tiene años. Incluso tenemos el Punto de Cuentas del Presidente de la República, Hugo Chávez, donde lo aprobó e incluso de su puño y letra escribió que: "quiero se que convierta en una cárcel modelo, y yo mismo la quiero inaugurar".
Eso ocurrió en tiempo del ministro Lucas Rincón, a quien le llevamos la propuesta del OVP, apoyada por el doctor Elio Gómez Grillo y los presidentes de los circuitos judiciales de los estados Miranda y Vargas; del Distrito Capital, y los rectores de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello.
Entonces, sí había soluciones, pero la solución de ellos es cerrar y sacar fuera de la jurisdicción de Caracas presos que están siendo procesados en sus tribunales en la capital de la República y se los llevan para el estado Miranda, pero no para Chacao o Los Teques, sino para Guatire y Ocumare del Tuy, a varios kilómetros de Caracas.
Si de La Planta al Palacio de Justicia hay un kilómetro y había retardo por los traslados, ¿Ahora sí lo van a hacer?
Enfáticamente Prado dijo que las propuestas de las Organizaciones No Gubernamentales, como el Observatorio Venezolano de Prisiones tienen que ser oídas, porque buscan mejorar las condiciones de las personas en privación de libertad y poner la justicia más cerca de los seres humanos.
"No es porque los presos sean menos ciudadanos que los demás. Ellos son sujetos de Derecho. Lamentablemente el Estado toma a los presos como cosas, como si se tratara de ratones de ensayo de laboratorio y no los toma como personas, y hasta que nosotros, que estamos en una situación de una cultura en materia penitenciaria muy lejos de la realidad actual, no vamos a tener las cárceles que debemos tener, porque a la comunidad le conviene que cada uno de esos presos, que están en diferentes cárceles de Venezuela, cuando salga tengan otros valores y no con los valores que actualmente les meten en prisión.
Eso precisamente es la situación que a nosotros se nos plantea.
De nuevo se interrumpe la exposición de Prado, por cuanto por el teléfono móvil celular le informan de cinco presos asesinados en la cárcel de Tocuyito y otro más en la cárcel de Los Teques.
"La situación no para. Aquí hay que poner los pies sobre la tierra, para que no nos digan que nosotros estamos predispuestos a que todo es malo.
Es que son 14 años, donde independientemente que hayan pasado 11 ministros del MIJ, 17 directores de prisiones y ahora crean un Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en un año de gestión ha aumentado el número de personas muertas en las cárceles, en comparación con otros años.
Cuando había la Dirección de Prisiones, se hacía la crítica y decían que no había presupuesto. Ahora sí manejan presupuestos y tienen algo que no tienen otros ministerios, que lo construyeron con problemas.
No quiere decir que la violencia carcelaria va a bajar de la noche a la mañana, pero tienen que atacar el problema de manera estructural, no poniendo pañitos calientes.
CON EL COPP MÁS PRESOS
Se ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal para que la gente siga más presa. No ha sido reformado de manera progresiva, que beneficie a los privados de libertad, sino que lo perjudica. Por ejemplo, anteriormente la medida alternativa de destacamento de trabajo, se otorgaba con el tercio de la pena. Es decir, una persona condenada a ocho años, con el beneficio, a los 2 años salía en libertad.
Ahora, con la reforma del Copp dice que es la mitad de la condena.
El de ocho años disfrutaría del beneficio a los cuatro años de prisión. Eso va a tener más presos, porque con la Ley de la Redención de la Pena, que por dos días de trabajo o/u estudios te redimen uno, pero con 30 mil presos cómo vas a tener un trabajo, para redimir esa pena, ¿vendiendo cigarrillos y café?.
Aquí no se trata de normas, sino de personas que han tenido responsabilidad y no han sabido poner la mesa en su santo lugar. Aquí lo que hay es un arroz con mango.
Prado reveló que desde 1992 fue creado el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, de donde han egresado unos mil 200 venezolanos, en menciones como gerencia, educación, seguridad y administración.
"Y ni siquiera el uno por ciento trabaja en las cárceles, y lo más triste de esto es que la formación de los profesionales es una inversión del Estado. El problema que hay en las cárceles es la falta de personal debidamente capacitado y formado para saber qué tienen que hacer, pero seguimos viendo que los que llegan de directores son amigos del gobierno de turno o los amigos del partido de turno y sigue el mismo problema.
Ahora, al parecer se pretende que el IUNP pase a formar parte de la UNES. ¿Qué información tiene usted?
Es un grave error, porque hay un principio francés que dice que el funcionario penitenciario no es un represor, sino un educador, y cuando tienes a la persona formada para reprimir, usted se va a encontrar con más violencia.
Mientras que usted forme a las personas en educación, las cosas van a cambiar totalmente, porque nosotros hicimos censo en 3 cárceles y de 2 mil 200 internos, y el 90 por ciento nos dijeron ante la pregunta qué tipo de funcionarios quieres tu, respondieron, una persona que me respete.
Cuando dicen que están graduando 80 personas de la Universidad de la Seguridad, en tantos meses, tu dices, bueno, el Proyecto de Código Penitenciario te habla de la salida de la Guardia Nacional de la seguridad externa, pero te habla de que le van a encarga esa función a la Policía Nacional.
La pregunta es, por qué el Estado no puede formar un solo cuerpo, tanto para la seguridad externa como la interna, como se ve en todos los países del mundo.
¿Hay salida, esperanza de que la situación carcelaria va a cambiar?
Claro, nosotros en el OVP tenemos 10 años luchando por una esperanza. Ahora, lo que no se puede perder en una organización de Derechos Humanos es que las cosas no cambien. Aquí el problema está en las personas y no en los instrumentos que tienes a la mano para cambiar. Esta ministra -Iris Varela-puede cambiar algunos programa para fortalecer otros.
Ella lo puede hacer y creo que está en la responsabilidad de hacerlo. No hacerlo sería tener un reclamo el día de mañana. Por ejemplo en la cárcel de Mérida, el pasado mes de julio hubo 30 días de conflicto, donde murieron 28 personas.
Creo que el ministerio dejó que la sangre llegara al río, porque desde el principio de este año, ese penal venía con una serie de novedades, de cinco personas fallecidas, luego fueron 7, después hieren a efectivos de la GN, lesionan a personal de seguridad del Ministerio Penitenciario, asesinan a la directora encargada del establecimiento. Y tú como Estado vas a dejar que las cosas sigan avanzando, o tienes que actuar.
Prado indicó que previo a la situación de violencia carcelaria en Mérida se registró lo de El Rodeo, en el estado Miranda.
"Esos sucesos, de enero a julio de este año llevó a la cifra de más de 59 personas asesinadas en El Rodeo. Murieron más personas que en todos los retenes de Brasil, que son 489 mil presos.
SE LE SOLICITÓ...
¿Anteriormente, con los directores de prisiones o con los ministros de MIJ, y ahora con el nuevo Ministerio de Asuntos Penitenciarios, los representantes de la ONG, OVP, han tenido la oportunidad de reunirse con esas autoridades e intercambiar ideas?
Nosotros, del OVP, nos reunimos con dos administraciones. Primero con Lucas Rincón y luego Jesse Chacón. Por cierto con el general Rincón, recuerdo que a la invitación acudimos y nos encontramos varias personas alrededor de una larga mesa. En algunos puestos estaban los nombres de nosotros, pero preferimos quedar pegados a la pared.
El ministro hizo una exposición de la situación carcelaria y los esfuerzos que hacía el gobierno. Los de la mesa decían que sí a la preguntas del general, y cuando nos tocó a nosotros, le dijimos que lo expuesto no era lo que veíamos en las cárceles y como se trata del ministro teníamos que decir la verdad.
Nos dijo que nosotros siempre con nuestras cosas, pero luego nos convocó a otras dos reuniones, porque desde un principio le dijimos la verdad. Lamentablemente salió del MIJ.
En cuanto a la experiencia con el también militar, Jesse Chacón, Prado indicó que pese a ser uno de los ministros que más le tiró al OVP. "En su gestión, cuando lo acompañó Yuris Pimentel, en la Dirección de Prisiones, nosotros presentamos una propuesta de un Comité de Derechos Humanos para la Paz, y fue acogida. Posteriormente nos convocó a una reunión para la entrega del proyecto e informarnos que iba hacer ejecutado.
Salió del ministerio y más nunca nos llamaron, pero sí nos leen y nos tiran piedra, al punto que decir la verdad de lo que pasa en las prisiones trae como consecuencia amedrentamiento, amenazas, persecuciones, descalificaciones, judicializaciones, al punto yo me encentro bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Hace poco -añadió- la Coordinadora del OVP, la abogada Marianela Sánchez, a su esposo lo asaltaron y amenazado. Le dijeron que sabían quién era su esposa, y que si ella continuaba hablando mal del Gobierno, de esto y de lo otro, ellos sabían donde residían y quienes son sus hijos. También pedimos medida provisional de protección para la doctora Sánchez y su familia. Este tipo de situaciones no nos amilana en nuestro trabajo, aunque nos ha hecho tomar nuestras precauciones. No abandonamos el trabajo ni a las victimas.
La Corte Interamericana dictó medidas de protección a favor de reclusos en varios centros reclusión, pero ahora el Gobierno anuncio el retiro de la CIDH. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Los artículos 23 y el 31 de la Constitución habla de los pactos y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, que hacen jerarquía Constitucional en el momento en que entre ese pacto particular, y si hay algún instrumento de mejoría en Derechos Humanos, ese es el que se tiene que tomar en cuenta por encima de lo establecido en nuestro país. Eso lo dice el artículo 23, y el otro, el 31, dice que cualquier persona puede recurrir a cualquier organismo nacional e internacional cuando se vea menoscabado sus Derechos Humanos.
Ahí hay como dos cosas: yo me retiro, pero para hacerlo tienes que reformar la Constitución. Eso lo hacen personas pensantes, lo contrario, los que de un momento a otro, por cualquier cosa dicen, me retiro, eso es lo más fácil. Lo mejor es que se defiendan, porque esta es una instancia para las víctimas y precisamente, las personas que siempre van a esa instancia son las más pobres. El caso más emblemático, por ejemplo, el llamado Caracazo.
Nosotros -prosiguió Prado-, tenemos siete penales bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana. A mi no me van a decir que los presos que están en las cáceles son gente rica, y precisamente cuando solicitamos medidas provisionales, son para el resguardo de la vida de cada uno de ellos.
¿Y el Estado ha cumplido con esas medidas?
El Estado no da respuesta al mandato de la CIDH, pero si da respuesta de que está haciendo esfuerzo en cumplirlo, porque lo que ellos escriben no se ve en la práctica. Y eso es lo que uno observa cuando visita los penales.
Existen muchos ciudadanos con medidas provisionales, periodistas, medios de comunicación, políticos y empresarios, entre otros.
Y el Estado no le para. Hay dos instrumentos. Uno es el Pacta sunt servanda, que dice que los pactos y las convenciones son para cumplirlos de buena fe entre los Estados. Y hay el Ius Cogens, referente a que usted no puede alegar una norma nacional contra una normativa internacional.
Si un Estado sabe que esos dos instrumentos están ahí, y cuando se firma un convenio en materia de Derechos Humanos, que es de buena fe que lo haces y de buena fe que no lo cumples, sino que te retiras, usted puede dar una impresión ante sus colegas, sus homólogos internacional; ese tipo si es bravo, pero resulta que entre personas que tienen cultura vocal, de respeto, simplemente dice, que pobre gente.
Usted demuestra su altura, reconociendo lo que pasa en su país. Lo que trajo en consecuencia la declaración de retiro de la CIDH fue la decisión sobre una persona que estuvo detenida en el Sebin, y denunció en la Corte que fue objeto de violación de sus derechos humanos.
El denunciante -continuó- ante la CIDH, no recibía sol cuando estuvo en el Sebin, no tenía área de trabajo y estudios, no había un sector para ser tratado continuo y sostenidamente su salud. Las personas que han salido del Sebin, bajo medida humanitaria, por problemas de salud, como son los casos del los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas.
Actualmente la esposa del comisario Iván Simonovis reclama sobre el deterioro de salud de su pareja. Es decir, algo está pasando dentro del Sebin. Qué tenía que hacer el jefe de Estado, cerrar los calabozos del Sebin, era la mejor respuesta ante la violación de los Derechos Humanos.
Que le dice la CIDH, no es cerrar los calabozos, sino que tome las medidas porque sucedió esto y aquello, no evaluó si el detenido era terrorista, sino la condición de vida de las personas que se encuentran privadas de libertad en ese sector.
PERNOCTAS Y PRANES
Durante este gobierno se implantó una modalidad en los centros carcelarios. Desde los jueves ingresaban familiares, incluyendo menores de edad, y se marchaban el domingo o el lunes. ¿Esta situación ayudó a reducir los índices de violencia en los centros carcelario?
No, al contrario, en un primer momento había dado muestra de reducción, pero hoy, con cifras del primer año de gestión de la ministra Varela y la cifra del primer semestre de 2012, supera a los años anteriores. Eso simplemente son indicativos que con tanto tiempo que lleva la pernocta no ha contribuido a bajar la violencia, y en segundo lugar, creo que hay visitantes que han fallecido en esas pernoctas.
Todo lo que comienza mal terminal mal. Sin tener la visión exacta, eso comenzó en la actual gestión del ministro Tareck El Aissami y era director de prisiones Irmer Serrano. Al titular del MIJ no se le puede perdonar el fracaso en materia carcelaria.
¿Y en cuanto a los pranes?
Los que están con los pranes le dicen que están en el carro, y los demás son los luceros, como subcomandantes de cada una de las áreas. Estos son personajes que le dio vida esta gestión. Ese personaje nació, creció, se desarrolló y se institucionalizó bajo esta administración. Lo más fácil es decir este es un pran positivo, o el otro es un pran negativo.
Las autoridades deben tener su rol, su sistema y autoridad, y los internos deben estar en el rol que se le adjudica cuando llega a una cárcel. Un interno no tiene que estar cuidando preso, eso va en contra de los parámetros del área carcelaria.
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