Gobierno y sociedad civil deben trabajar juntos para reducir los homicidios

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Por Sabrina D'Amore
Fecha: 07/03/2017

El trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Gobierno Nacional, junto a programas focalizados en homicidios y data calificada, son esenciales para reducir homicidios en Venezuela. Así lo afirman Doriam Borges e Ignacio Cano, investigadores del Laboratorio de Análisis de la Violencia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.

“La polarización que existe en el país dificulta muchas alternativas, pero dada la gravedad de las circunstancias, todos los actores deben sentarse para lograr crear planes efectivos que encaminen el problema hacia una solución”, asegura Cano. Para finales del 2015, la tasa de homicidios en el país era de 58.1 por cada 100.000 habitantes, según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Ambos especialistas en violencia, criminalidad y seguridad pública, se encuentran en el país para realizar diversas actividades con distintas organizaciones y la sociedad civil, incluyendo el taller Programas y experiencias para la reducción de homicidios en América Latina, este jueves 9 de marzo.

Borges y Cano coinciden en que si bien el Estado es un ente fundamental para crear programas que disminuyan los homicidios, “la sociedad, las empresas, las organizaciones, y los gobiernos estatales tienen un papel importante que deben jugar”.

Además, resaltan la importancia de la focalización de los programas, ya que no es suficiente crear políticas generales de prevención de violencia: “en primer lugar debemos entender que hay que lograr diagnósticos locales. No venimos con una receta, no hay fórmula mágica. Hay que focalizar programas específicos para la reducción de homicidios”, dijo Cano.

El propósito inicial de la visita de los especialistas es difundir, a través del taller, un estudio realizado cuyo resultado fue una radiografía de todos los programas existentes en la región, para disminuir los índices de homicidios. Fueron identificados 93 en Latinoamérica y 2 en Venezuela. En segundo lugar, esperan poder trabajar con instituciones del estado y demás organizaciones dispuestas, para mejorar la calidad de la data de homicidios en Venezuela.

La opacidad de la data venezolana

Para Borges y Cano, Venezuela es un caso “paradigmático de la necesidad de tener cifras convergentes y únicas sobre violencia”, y apuntan que la falta de datos oficiales en nuestro país es un inconveniente importante para generar políticas públicas eficientes, sobre todo cuando incluso funcionarios del gobierno manejan datos que discrepan entre sí.

Los expertos explican que actualmente están trabajando con la fiscalía, por sus “condiciones técnicas y nivel de independencia”. Aunque también han trabajado con las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, y con la Policía Judicial, esta vez esperan poder reunirse con el sector de la salud.

Cano argumenta que la unión entre los datos de la Policía Nacional, junto a los que tengan las organizaciones de la salud, es fundamental: “los datos del sector salud nos permiten contrastar con los de la policía. Cuando cruzas las defunciones y los registros criminales, obtienes una idea más precisa sobre los homicidios, y es ideal para tener una data confiable”. Además, resalta la importancia de realizar un ejercicio de convergencia para generar más y mejores datos, “pues, al final, el gobierno es el más interesado en que su pueblo confíe en sus cifras”.

De los 93 programas que los expertos hallaron en su estudio en la región, 2 están en Venezuela: “uno, es la campaña para la valoración de la vida, realizada por un grupo de universidades. Fue una campaña de valores. Por otro lado, el proyecto Alcatraz. Ambas iniciativas de la sociedad y la academia”, afirma Cano.

Este último proyecto, recluta jóvenes transgresores con la misión de transformar ese liderazgo violento en positivo, haciendo uso de trabajo intensivo, educación en valores y utilizando la práctica del rugby como mecanismo de prevención de violencia.

Sobre la experiencia en Brasil

Con respecto al problema de violencia que se vive en Brasil, Cano resalta que aunque no se ha solucionado, ha habido programas importantes que han ayudado a disminuir las tasas de homicidios. Sin embargo, la falta de continuidad, la corrupción policial y la no inserción de los efectivos de seguridad en las comunidades, han sido impedimentos importantes en la resolución del conflicto.

Dorien Borges, también sociólogo, explica que los programas más importantes han sido Pacto de la Vida, y las Unidades de Policía Pacificadora. El primero, aplicado en la región de Pernambuco, logró que “los números de homicidios bajaran, mientras en el resto de las regiones iban en aumento”, asegura Borges.

“Este programa tuvo varias acciones delegadas, pero una muy interesante fue la división de los territorios a partir de diagnósticos según las características de los homicidios cometidos, y de acuerdo a eso los policías trabajaban en cada zona. La población participó en la construcción del plan y se aplicó represión cualificada y mucha investigación”, explica Borges. Sin embargo, la crítica principal es que, luego de ser aplicado, se dejó de consultar a las comunidades y no se monitoreó correctamente el funcionamiento.

En cuanto a las Unidades de Policía Pacificadora, se iniciaron en Río a finales del 2009, y el plan consistía en la “ocupación temporal de las favelas por grupos policiales. Al ocurrir esto, los delincuentes abandonaban la zona. Aunque tuvo buenos resultados al principio, la proximidad entre los funcionarios policiales y la gente de las comunidades no fue la esperada, y al abandonar las favelas, los delincuentes volvían”, comenta el sociólogo.

El investigador agrega que a esto se suma que algunos policías se involucraban demasiado y terminaban cometiendo los mismos delitos que, en un principio, estaban tratando de eliminar. “Esto generó muchos enfrentamientos, y cuando ibas a revisar los resultados del plan, te encontrabas con una bola de nieve de muertes y más muertes”, argumenta.

¿Qué pasa en la región?

Actualmente, la mayor cantidad de homicidios a nivel mundial ocurren en la región latinoamericana. Según Ignacio Cano, de los 93 programas para disminuir los homicidios que lograron identificar en Latinoamérica, solo el 20% han sido objeto de un control de impacto. Eso quiere decir que el resto fue aplicado, más no monitoreado, por lo que no se sabe si fue efectivo, ni sus capacidades de mejora.

“Esto, junto a la falta de diagnósticos específicos, son fallas que se repiten en la mayoría de los países. Si queremos dejar de ser la región con mayor tasa de homicidios, tenemos que hacer una intervención más direccional”, asevera Cano.

No obstante, no todos los países que integran el bloque latinoamericano se encuentran en igual situación de gravedad. Por ejemplo, Cano explica que las tasas de homicidios en países andinos y del cono sur, exceptuando a Brasil, son fácilmente comparables con las tasas de homicidios en Europa.

Lo contrario ocurre cuando nos vamos a la zona de américa central, donde países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen los números más alarmantes. “Luego, con un nivel medio-alto, se encuentran naciones como Colombia, México y Brasil. A Venezuela podríamos ubicarla entre este nivel y el de los países del centro”, explica Cano.

El especialista añade que otro elemento importante para crear planes eficientes en la región es distinguir los tres niveles de prevención que existen. “Tenemos el nivel primario, que es el más general; el secundario, dirigido a grupos específicos; y el terciario, dirigido a personas que ya han sido víctimas o han cometido hechos violentos. Este último es el más focalizado”, comenta.

“Tampoco se hacen diagnósticos reales, simplemente se aplican ideas basadas en datos formulados desde EEUU y Europa, que no tienen nada que ver con nosotros”, agrega Cano.

En relación a la corrupción que puede generarse dentro de los cuerpos policiales cuando se aplican planes como los implementados en Brasil, ambos investigadores coinciden en que es un riesgo que hay que asumir, junto a medidas de fiscalización efectivas que permitan la denuncia.

“Los modelos policiales militares apuestan al distanciamiento entre la comunidad y la policía, y para evitar la corrupción rotan a los funcionarios cada cierto tiempo. Los últimos años de estudios de policía comunitaria han puesto de manifiesto que la proximidad es necesaria, y no puede haber proximidad y vinculación si cada cierto tiempo el policía cambia de lugar. Hay que aceptar los riesgos que esto supone, para poder ver lo beneficios”, finalizó Ignacio Cano.