Fracaso en DDHH

Tal Cual

Provea asegura que se ha venido incrementado la militarización del país. Marino Alvarado sostiene que ni la inflación ni la crisis hospitalaria han sido atacadas eficientemente por el Ejecutivo. El activista denuncia una política de Estado dirigida a intentar mermar las protestas mediante el miedo

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

Para el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, los cuerpos de seguridad han tenido una orientación desde el Gobierno que favorece las violaciones de derechos humanos. De acuerdo con la ONG, pese a que el año pasado hubo una disminución de 20% en el número de manifestaciones realizadas respecto a 2012, se registró un aumento de 32% en las prácticas represivas de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de protestas pacíficas (alcanzando la cifra de 355 detenciones), y un ascenso de 62% en la cantidad de víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes; contabilizándose 316 casos.

Alvarado asegura que en 2013 hubo también un enorme crecimiento en las ejecuciones judiciales, en el contexto de un discurso de compromiso de construir un nuevo modelo policial en Venezuela. La ONG registró 205 violaciones del derecho a la vida, de las cuales 19 corresponden a la Policía Nacional Bolivariana.

No obstante, es el Cicpc el cuerpo que según Provea está involucrado en la mayoría de las violaciones de derechos humanos, pues 64% de los casos de ejecuciones fueron presuntamente a manos de efectivos de este órgano. “Es el organismo que más tortura y sigue torturando en el país, es el organismo que está comprometido en desapariciones forzadas, y no se ve voluntad política para transformarlo”, sentencia Alvarado. Asimismo, señala como preocupante que en 2013 se hayan producido 23 desapariciones forzadas.

ESTADO CÓMPLICE

El activista de derechos humanos recuerda que el año pasado Provea advirtió que la Guardia Nacional desplazó al Cicpc en malos tratos y detenciones arbitrarias. “Por eso no es de extrañar lo que viene pasando en 2014. Si el Sebin empieza a torturar y continúa con allanamientos sin orden judicial no creo que haya mayor voluntad política para corregir, pues eso se está tolerando, como se han tolerado los abusos de la GN”, agrega.

Sostiene que es muy preocupante que además el Ejecutivo tienda a avalar comportamientos abusivos y la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean cómplices. “Uno revisa los informes de la Defensoría, y las informaciones sobre violaciones graves hacia derechos humanos están difusas, no hay casos de desapariciones forzadas ni de torturas. Tampoco se ve una insistente actuación del Ministerio Público dirigida a ponerle freno a la práctica de torturas del Cicpc”.

La actuación frente al orden público, tal como explica Alvarado, debe ser primero a mano de los cuerpos policiales civiles, y la GN debe participar cuando ésta no sea suficiente, pero dice que en los últimos meses se ha hecho al contrario. “Y esto tiene que ver con el proceso de militarización del país. No es de extrañar que la dirección de contrainteligencia militar empiece a desplazar al Sebin. El Gobierno está armando a las milicias obreras, dándole labores de seguridad a la población que no le corresponde. Mandó la política de desarme a la basura, y se desvirtuó la Misión a toda Vida Venezuela”, asevera.

PRESIDENTE REPROBADO

Por primera vez, luego de 15 años, el informe anual de Provea no se centra en el análisis de las políticas públicas impulsadas por la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez en materia de 19 derechos humanos. En esta oportunidad el detalle se hace en base a la gestión del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, y el balance no resulta para nada a favor de quien recibió el legado de la dirigencia de proyecto revolucionario.

“Si tuviéramos que resumir el gobierno de Maduro en materia de derechos humanos tendríamos que decir que ha sido un gran fracaso para garantizar tanto derechos sociales como derechos civiles y políticos”, sostiene el coordinador general de Provea, Marino Alvarado. Explica que durante cuatro años ha habido un compromiso público de llevar los índices de inflación a lo más bajo, pero esto ha fracasado. Recuerda que el propio jefe de Estado reconoció en 2013 la enorme crisis en el sistema de salud venezolano, “y hasta la fecha evidentemente este problema se ha agudizado”. Dice que en materia de vivienda, el Ejecutivo también ha reconocido una desaceleración en la construcción de nuevas edificaciones en el marco de la Misión Vivienda, no llegando a la meta de la entrega de 300 mil viviendas anuales.

Para Rafael Uzcategui, también miembro de Provea, las expectativas que se generaron en torno a Maduro, tomando en cuenta que se trataba de una persona de origen sindical y relacionado con las luchas sociales, rápidamente comenzaron a incumplirse. Manifiesta que su condición de civil generaba esperanzas sobre el retroceso de la militarización que Provea ha venido alertando en sus últimos informes, pero asegura que lo que realmente ha sucedido es una profundización de esta vocación castrense. “El Gobierno asumió la doctrina de seguridad nacional como sustento de sus políticas públicas y esto parte del criterio de priorizar la seguridad de Estado por encima de los derechos de los ciudadanos. Y desde esa perspectiva se justifica cualquier actuación. Se basa en la filosofía de que hay un enemigo interno que hay que derrotar”, agrega Alvarado.

Desde el punto de vista de derechos laborales, Alvarado señala que Maduro, pese a sus autodefiniciones de obrerista, sigue atentando contra las convenciones colectivas y el ejercicio de la libertad sindical y que mantiene una política de enfrentamiento entre los sectores laborales que más reclaman en el país.

Asegura que en la medida en que el Gobierno se empeñe en cerrar los espacios para el ejercicio de derechos, se empuja a la desobediencia civil. Cree que el Gobierno está conciente de que puede haber niveles importantes de protesta, “y hay una política de Estado pensada para tratar de meter miedo a la población. Ya lo han hecho, pero han fracasado y seguirán fracasando”, apunta. A su juicio, el aumento de la gasolina, la escasez de agua y el incremento de precio de algunos rubros y servicios serán parte de un paquete impopular que puede traer reacciones importantes.

“LA MESA ESTABA SERVIDA”

Pese a que Provea haya prometido dar la cantidad exacta de manifestaciones y detenciones desde febrero hasta abril de este 2014 en un informe que será divulgado en los próximos días, la ONG sostiene que el clima actual de conflictividad encuentra sus antecedentes directos en el escenario vivido luego de la ausencia de fallecido presidente Hugo Chávez. “La mesa estaba servida”, asegura Uzcategui, para tratar de vincular la tensión sociopolítica actual con la de 2013, al tiempo que explica que como Chávez signó el ejercicio público, se ha ocasionado una crisis de representatividad importante que abre el escenario para la erupción de nuevos liderazgos.

COSAS QUE RESCATAR

Marino Alvarado considera que la aprobación de la Ley contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes fue un gran avance en materia de derechos humanos pues las organizaciones sociales tenían más de 20 años proponiéndola y defendiéndola. “Ya no hay excusa jurídica para no castigar con las penas establecidas en esta norma a los funcionarios policiales que han cometido abusos”. Que se mantenga la política de inamovilidad laboral y que en materia campesina se hayan dado títulos de propiedad, son otras dos señales positivas para Alvarado en materia de políticas de seguridad social.

OPACIDAD INFORMATIVA

A juicio de Rafael Uzcátegui con cada año que transcurre empeora la dificultad al acceso a la información oficial. Dice que apenas 12% de las instituciones públicas tienen publicadas las memorias y cuentas de sus gestiones en 2013 en sus portales web. Rescata que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Universitaria sean los únicos despachos que publican al día todos los informes de su gestión.