Tal Cual
01-03-2017
Provea y Laboratorio de Paz
Las organizaciones Provea y Laboratorio de Paz aseguran que ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida
Este 2 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.
Desde el año 2006, junto a la comunidad indígena lenca de Río Blanco, Berta Cáceres se organizaron para rechazar la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, las cuales impactarían negativamente en el acceso al agua, alimentos y medicinas de los poblados de la zona, forzándolos a desplazarse a otros territorios. El Estado Hondureño y las compañías involucradas: Sinohydro (China), Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) y la estatal Desarrollos Energéticos S.A incumplieron la obligación de realizar el derecho a las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas que habitan en las inmediaciones del proyecto. Debido a su activismo en defensa del ambiente y pueblos indígenas, Cáceres sufrió hostigamiento y criminalización por parte del gobierno de su país, quien la acusó falsamente de "posesión ilegal de un arma de fuego poniendo en peligro la seguridad del Estado de Honduras”, así como de “usurpación de tierras, y coacción”. El 03 de marzo de 2016, atacantes no identificados irrumpieron en su domicilio y la asesinaron.
Datos de la ONG Global Witness estima en 12 los activistas medioambientales asesinados en Honduras desde el año 2014, quienes se habían opuesto a la construcción de grandes infraestructuras y proyectos extractivos en zonas de alta fragilidad ecológica y habitados por pueblos y comunidades indígenas. A pesar de la diversidad ideológica de los gobiernos de América Latina los une la profundización de la economía extractiva y de renta minero-petrolera, generando resistencias de amplios sectores sociales. La impunidad en el crimen de Berta Cáceres es un claro mensaje en la búsqueda de disuasión, amedrentamiento y miedo para todos aquello/as que desean rechazar la promoción de grandes obras de infraestructura y la profundización de la economía extractiva, petrolera y minera en los territorios tanto en Honduras como en el resto de nuestros países.
Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela. Sin cumplir sus obligaciones constitucionales el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha decretado una zona para la explotación minera que se extiende en un 12% del total del territorio venezolano bajo la denominación “Arco Minero del Orinoco”. Actualmente decenas de líderes, lideresas y miembros de comunidades indígenas del estado Bolívar están siendo hostigados y coaccionados para incorporarse a este proyecto, que afectará el medio ambiente, sus culturas ancestrales y su vida.
Diversas organizaciones indígenas del estado Bolívar y Amazonas en Venezuela han expresado que sus derechos han sido vulnerados con la aprobación del Decreto Arco Minero del Orinoco. Organizaciones de sociedad civil, aliadas, intelectuales, académicas, políticas exigimos el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.
El mismo día que conmemoramos 1 año de la muerte de Berta Cáceres, se cumplen 4 años de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero asesinado igualmente por defender sus territorios ancestrales en la Sierra de Perijá estado Zulia. Al exigir Justicia para Berta Caceres, exigimos Justicia para todos los defensoras y defensores indígenas asesinados en el mundo por defender el ambiente y la tierra para todo/as.
-Nos sumamos a las palabras de la relatora ONU de Pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz "Es urgente que se termine con la impunidad imperante en el país en relación con hechos delictivos contra miembros de las comunidades indígenas y sus defensores”. Exigimos al gobierno de Honduras el fin de la impunidad en los asesinatos de Berta Cáceres y el resto de activistas medioambientales, sancionando a sus autores materiales e intelectuales
-Demandamos tanto al gobierno de Honduras como el de Venezuela cumplir con el compromiso de promover y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la demarcación, los procesos de consulta previa, libre e informada antes de realizar intervenciones en los territorios habitados por comunidades indígenas.
-Exigimos al gobierno venezolano cumplir el requisito constitucional de realizar y difundir el estudio de impacto socioambiental en el proyecto del Arco Minero del Orinoco
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