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viernes, 28 de marzo de 2014

Basta de abusos

Tal Cual

Foro Penal expuso a los cancilleres de la Unasur todos los casos de abusos documentados y advirtió que de las 1.973 aprehensiones en el último mes, 1.639 son universitarios, por lo que considera que hay que instalar una comisión de la verdad con representantes internaciones

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

Foro Penal aclara que la reunión que sostuvieron sus integrantes con los cancilleres de Unasur el pasado miércoles sólo sirvió para enterarlos de todos los casos que maneja la ONG sobre detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violaciones al debido proceso.

Pues más allá de alguna mediación con el Gobierno nacional, la instancia internacional no puede resolver ni juzgar las presuntas violaciones de Derechos Humanos, según manifiestan sus directivos, Gonzalo Himiob, Alfredo Romero y Tamara Sujú.

De la reunión que duró dos horas y media, Romero destaca la respuesta del canciller de Uruguay, quien de manera contundente manifestó la necesidad de detener los abusos policiales y militares. Señala que Brasil estuvo muy indiferente, Colombia cuidando sus espaldas, Argentina pendiente, mientras que Bolivia estuvo completamente frío.

Entre algunas de las peticiones de Foro Penal para incluir en las recomendaciones de Unasur hacia el Ejecutivo, se encuentra el llamado a desarmar de inmediato los grupos paramilitares, el cese de uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en las manifestaciones públicas, la aprobación de una Ley de Amnistía y reconciliación política y el desbloqueo del acceso de los relatores de DDHH de la ONU y de la CIDH.

SIN TINTES POLÍTICOS

Para Foro Penal, lo más correcto es que se promueva la instalación de una comisión de la verdad integrada no por diputados de la Asamblea Nacional, que puedan responder a intereses políticos, sino por sectores políticos y sociales de Venezuela, y una amplia representación de personalidades internacionales que cuenten con comprobada honestidad, secretaría técnica y autonomía de las Naciones Unidas.

Hasta ayer, Foro Penal manejaba la cifra de 1973 detenciones desde el pasado 4 de febrero, y de ese número, 1639 son estudiantes, es decir, 85% del total. Por ello, Himiob asevera que hay una clara identidad del grupo al que se está dirigiendo el abuso y los ataques. El abogado considera que en el último mes, hay un claro patrón de actuación que es la violación al debido proceso.

Sostiene que en la mayoría de las audiencias se lleva un acta policial donde no hay elementos de convicción que demuestren la comisión de un delito. Asimismo, tal como dice, los argumentos de la parte defensora no son tomados en cuenta, pues el tribunal competente se limita a decidir lo que el Ministerio Público ha solicitado.

Himiob afirma que otra línea de comportamiento que han identificado es el daño a la propiedad privada, "mediante el vulgar robo de celulares, cámaras, dinero en efectivo, motos y hasta prendas de vestir".
Además, de la recurrente incomunicación de los detenidos con sus familiares por varias horas y el uso de expresiones humillantes y amenazas de índole sexual por parte de funcionarios policiales y militares, según sostiene el jurista.

Romero manifiesta que los casos de torturas han sido sistemáticos en Carabobo y Lara. Contó el caso de 8 mujeres en Barquisimeto, que sufrieron de presuntos fuertes maltratos físicos y psicológicos. "A la menor, le halaron el cabello de tal forma que le rompieron el cuero cabelludo. A la mamá le cortaron las cejas. A las otras las bañaron en vinagre, las humillaron y le hicieron firmar un documento diciendo que nada les pasó".

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