¿SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS?

JUAN USLAR GATHMANN - Tal Cual

Entre los rumores que circulan sobre lo que contendrá la ultra secreta nueva Ley del Trabajo, viene uno que es interesante y que reitera una iniciativa que se tomó hace unos 6 años de facilitar la inclusión en el Seguro Social a los millones de trabajadores por cuenta propia que constituyen cerca de la mitad de la gente empleada en nuestro país, pero que luego fue retirada rápidamente después de restringirla a los conductores afiliados a cooperativas de transporte. ¿En qué medida es esto positivo y bajo qué condiciones? En primer lugar es menester reconocer que a pesar de sus muchos defectos el Seguro Social hoy en día funciona mejor de lo que lo hizo en los años ochenta y noventa, tanto para la atención de las necesidades de salud de la gente, sea en materia de hospitalización como de distribución de medicinas, como en cuestión de pago de pensiones de vejez y de inclusión de personas necesitadas que no habían podido beneficiarse de dicha protección. Con mucho aún por mejorar dentro de un sector público extremadamente deficiente, el Seguro Social se destaca y debe continuar en este rumbo.

Dicho esto y siendo la Seguridad Social un elemento básico de la justicia social de un país, puede convertirse también en una bomba de tiempo financiera y desatar crisis como la que estamos presenciando en ciertos países de Europa donde ha habido un serio desbalance entre el costo de los derechos sociales adquiridos y la base que cotiza a los mismos y hasta los impuestos que pagan personas naturales y jurídicas.

Los derechos sociales una vez otorgados son muy difíciles de modificar y, si se otorgan a la ligera (vale decir sin bases sustentables) entonces se convierten bien sea en un generador de crisis presupuestarias, en países serios, o de corrupción y beneficios fantasmas en países menos serios: que es el equivalente de devaluar y permitir inflación para diluir lo poco que hay que ofrecer.

Esta iniciativa, por las razones que sean, debe estar inserta en una política general (inexistente) con respecto de la economía informal y de las microempresas que paulatinamente tienda a su inclusión en la economía formal y a acercar a quienes allí laboran a sus deberes y derechos constitucionales: ambos y no solo los que convengan en un momento dado. De allí que el anuncio de que podrían tener derechos, "aun sin cotizar", contiene las semillas del desastre y debe ser corregido de inmediato.