El experto en temas electorales calificó de “caprichosa” y “tendenciosa”, además de “violatoria del mecanismo” establecido por la Constitución Nacional, la acción emprendida por la bancada del Gran Polo Patriótico para que sea el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no la Asamblea Nacional, la que designe a dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En declaraciones a Prensa Unidad Venezuela, el vocero de la ONG refirió que desde que se inició el proceso conducente a la renovación de estas dos rectoras, la bancada del GPP “asumió una postura de no aceptar el procedimiento, amparado en el supuesto desacato de la AN”.
En tal sentido recordó que cuando se nombró el comité de la AN que evaluaría las postulaciones, el GPP no presentó candidatos; y cuando se abrió el proceso de postulación de candidatos, tampoco hizo propuestas, lo que “demuestra claramente que se trata de un saboteo del nombramiento de los nuevos rectores”, dijo.
“El colmo del caradurismo es que ahora sea el mismo Polo Patriótico el que diga que, dado que la AN no cumple, y no cumple, principalmente, porque la bancada oficialista ha saboteado la posibilidad de que cumpla, recurra a la `omisión legislativa´ para que sea la Sala Constitucional la que nombre a los nuevos rectores”, indicó.
Este domingo terminó el período de siete años de la rectora Socorro Hernández, miembro de la Junta Nacional Electoral, postulada por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales; y de la rectora Tania D´Amelio, miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento y de la Comisión de Registro Civil y Electoral, postulada por el Poder Ciudadano, por lo cual la AN debe proceder a designar a las personas que las sustituirán, de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución.
Sin embargo, además de las trabas puestas por el GPP para el normal desenvolvimiento del proceso en la AN, el Poder Ciudadano no presentó candidatos, lo cual no tiene justificación alguna, estimó Lander.
“Eso es un disparate mayúsculo. Claramente, el Poder Ciudadano está violando la Constitución, está incumpliendo con sus obligaciones. Si estuviéramos en un país normal, donde el sistema de Derecho funcionara, los miembros del Poder Ciudadano deberían ser sancionados por no cumplir con sus funciones, y debería ser el TSJ el que le ordenara que postularan, en lugar de decir que dado que el Poder Ciudadano no postula, entonces la AN entra en omisión y entonces el TSJ es el que nombra a los nuevos rectores”, indicó.
“Esa es una interpretación absolutamente caprichosa y por supuesto tendenciosa, porque viola el mecanismo establecido por la Constitución”, aseguró.
Lo que hacen con las manos…
Lander refirió que “una de las mejores cosas” de la Constitución de 1999, promovida y promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez, fue el haber establecido que fuera la Asamblea Nacional la que designe, con la aprobación de la mayoría calificada de las dos terceras partes, a los máximos representantes de los poderes públicos que non son electos por el voto de los ciudadanos, como lo son el Poder Electoral, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.
“Cuando se redactó esa Carta Magna, los constituyentes tenían claro que era prácticamente imposible que algún actor político por sí solo alcanzara la mayoría calificada de las dos terceras partes, lo que obliga a que haya negociación entre los distintos actores para ponerse de acuerdo en la designación de unos funcionarios que puedan ser aceptados por todos”, comentó.
Pero en las elecciones del 6 de diciembre de 2015 la situación política dio un viraje total, y los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvieron los 112 diputados necesarios para conformar la mayoría calificada de las dos terceras partes y, con ello, la facultad para designar a los funcionarios de los otros poderes públicos, entre otras atribuciones.
“Por eso, en ese mismo mes, el TSJ, de manera no muy santa, inhabilitó a los diputados del estado Amazonas por supuesto fraude electoral (…) El TSJ no ha debido nunca suspender a esos diputados y dejar al estado Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional. Debieron seguir en su ejercicio mientras se hacía la investigación”, añadió.
A su modo de ver, en el caso de la renovación de los rectores del CNE, se trata de buscar personas “imparciales, que actúen apegadas a la ley y no por sus preferencias políticas sino por lo que digan, en definitiva, los electores. Eso debería ser posible y obviamente en Venezuela hay ciudadanos que cumplen con esos requisitos, que no son excepcionales”.
“Pero la polarización es de tal magnitud, que no se hace ni siquiera el esfuerzo por tratar de conseguir ese consenso. Ese es un escoyo fuerte que convierte lo que fue, en mi opinión, un sabio diseño del mecanismo para la designación de esos funcionarios, en un asunto casi que imposible de lograr en la práctica”, añadió.
Agregó que con su comportamiento, lo que trata de buscar el GPP es reeditar actuaciones de la Sala Constitucional, que ya en anteriores ocasiones ha hecho el nombramiento de otros rectores. “A nadie le debería sorprender”, comentó.
“Ya lo ha hecho varias veces, y siempre de manera indebida. Lo hizo en diciembre del año 2014, cuando correspondió la renovación de los rectores Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz. La primera parte del proceso se realizó acorde a lo que establece la Constitución, pero no hubo acuerdo de las dos terceras partes, y se acudió al TSJ”, contó. En esa ocasión, el rector Luis Emilio Rondón fue designado en sustitución de Vicente Díaz, quien no quiso repetir por otro período. La designación en 2003 de Francisco Carrasquero como presidente del CNE también fue hecha por la Sala Constitucional.
“Las únicas designaciones del CNE hechas atendiendo a lo que dice la Constitución, lo hizo la AN en el año 2006, recién instalado ese período legislativo, y eso porque la oposición decidió no participar en esas elecciones y quedó una AN monocolor. Después de eso la AN nunca más ha podido nombrar a los rectores del CNE”, reseñó.
Sin embargo, las circunstancias políticas, económicas y sociales del país ya no son las mismas. “Venezuela vive una semana que puede ser crucial. Eso lo decimos siempre, pero la verdad es que esta vez sí puede ser definitivamente crucial, en especial por la reunión de la mesa de diálogo prevista para mañana”, advirtió Lander.
Al respecto hizo referencia a la carta – que se filtró a la prensa – que envió el secretario de Estado Vaticano al presidente Nicolás Maduro, reclamándole al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los encuentros anteriores. “Hay una presión internacional sobre el Gobierno a propósito del diálogo, y creo que esta semana se sabrá en definitiva si eso toma algún curso positivo o si ese espacio, simplemente, se cierra”, dijo.
En su opinión, también es crucial lo que ocurra en torno al nombramiento de los rectores del CNE. “Si la Sala Constitucional termina dándole curso a la petición del GPP para que nombre a los rectores por ´omisión´ de la AN, será un signo de que el Gobierno está pateando la mesa de diálogo y de que ya por ahí no se podrá avanzar. Se estará profundizando la restricción de los derechos democráticos de los venezolanos”, concluyó.
PRENSA MUD
5/12/2016 8:45am
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