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lunes, 12 de diciembre de 2016

Barlovento desnudó defectos del control del crimen

Tal Cual
11-12-2016
ALEJANDRA HERNÁNDEZ SALAZAR


Heridos, desaparecidos y ajusticiados, son excesos comunes en los operativos militares realizados durante 2016. Sucesos de Barlovento mostraron modus operandi militar similar a lo ocurrido en la actuación en Cariaco

Subió de 11 a 14 la cifra de detenidos por la masacre de Barlovento, según dijo este martes el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en lo que constituye la más reciente información oficial acerca de este caso que ha puesto de relieve los defectos en el control del crimen en Venezuela.

Aún cuando Saab afirma que esta masacre fue un hecho aislado y que no se trata de una política de Estado, el abuso de efectivos militares contra civiles ha tenido detractores en todos los escenarios.

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado el 6 de diciembre en el que repudia la masacre de Barlovento y exige al gobierno nacional "la reparación integral de todos los daños derivados de la responsabilidad civil, penal y administrativa de los culpables por los terribles daños causados, a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, incluyendo la garantía de no repetición de los hechos y la rehabilitación de la memoria de las víctimas".

Por su parte, "La Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico", se concentró el 6 de diciembre frente al Ministerio Público en Caracas, para pedir el cese de la OLP y evitar hechos como la reciente masacre de Barlovento, la de Cariaco y la de Delta Amacuro, que son las tres de las que se tiene conocimiento hasta ahora.

Uno de los líderes de la protesta, el mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones, quien fue hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, recordó que 450 personas han sido asesinadas en lo que va de año por la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), según datos que ha dado la propia Fiscalía General de la República.

"Esas tropas no salieron esa mañana porque dijeran vamos a buscar a 14 o 15 ciudadanos venezolanos porque los vamos a matar; no, esas tropas fueron ordenadas por una orden de operación, esas tropas fueron ordenadas por un comandante de esa zona estratégica a la cual pertenece, esas tropas fueron ordenadas por un comandante de una región, esas tropas fueron ordenadas por un comandante estratégico operacional, que en este caso también es ministro de la Defensa", dijo Alcalá.

Otra que ha alzado su voz contra las desapariciones forzadas, la tortura y el exterminio de civiles inocentes ha sido la diputada de la MUD, Delsa Solórzano, quien lideró la investigación desde el parlamento venezolano. Exigió la renuncia del ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol y calificó como una "vergüenza" que en el país se "declare luto por la muerte de Fidel Castro y no por la masacre de Barlovento".

Andrea Pacheco, representante de Marea Socialista, ha afirmado que "la violencia no se puede reprimir con más violencia" y pidió un debate nacional sobre cómo combatir la inseguridad.

EL ABUSO FUE LA NORMA
Aunque hay diferencias importantes, el exceso cometido por funcionarios militares en Capaya, Barlovento, el pasado mes de octubre, con desapariciones forzadas, torturas y muerte por parte de efectivos del Ejército que llevaban a cabo una OLP, es comparable con el crimen masivo ocurrido en Cariaco el 11 de noviembre en la noche. En ese caso los perpetradores fueron efectivos del Conas de la Guardia Nacional; no se trató de una OLP, pues los efectivos iban vestidos de civiles y actuaron como un grupo exterminio, pues dispararon a las cabezas de sus víctimas, nueve hombres, dos de ellos pertenecientes a la familia Arias Cabello y siete de la familia Rodríguez, en el barrio El Porvenir en Cariaco, estado Sucre.

La práctica militar de meterse a la fuerza en las casas ajenas, sin orden de allanamiento fue común en Barlovento y Cariaco.

En Capaya los sacaron de las casas y los montaron en unidades militares. La golpiza comenzó de inmediato, según relataron sobrevivientes; en Cariaco no hubo detención, pero a los hermanos Arias Cabello les allanaron la residencia cuando se encontraban durmiendo, los sacaron a empujones y los ajusticiaron frente a sus familiares. Luego siguieron su recorrido y arremetieron a tiros contra los Rodríguez. Iban en un Aveo gris y los escoltaba una patrulla policial.

MUERTE DE INOCENTES
Los cuerpos torturados y desmembrados de 12 hombres fueron hallados en fosas comunes entre el viernes 25 y el sábado 26 de noviembre pasado en zonas montañosas del municipio Acevedo, en Barlovento, estado Miranda. La noticia consternó a los habitantes de poblados cercanos, ciudadanos comunes que habían denunciado desapariciones forzosas llevadas a cabo por efectivos de la FAN en el mes de octubre durante una OLP.

En Cariaco, las víctimas eran hombres trabajadores. No tuvieron tiempo de defenderse, sus familiares no pudieron impedir las muertes. La actuación fue tan rápida que a algunos apenas les dio tiempo de mostrar sus cédulas de identidad a los matones, tratando de argumentar que eran personas de bien.

Los ajusticiaron allí.

VICTIMAS Y VICTIMARIOS
Las víctimas de las que se tiene conocimiento hasta ahora en Barlovento fueron Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena.

Sin embargo, la lista de desapariciones forzosas ha ido en aumento y se habla de 19 agraviados.

Los responsables, según el Ministerio Público son: el teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón. También imputan al sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; los cabos segundo Luis Eduardo Machado y Arquímedes José Aguey, y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.

La Fuerza Armada Nacional (FAN) expresó en un comunicado el 27 de noviembre, que estaba "consternada" por los hechos que "atentan contra el ordenamiento jurídico nacional y militar". Dieron de baja a los efectivos.

Desde el inicio de las investigaciones, el Defensor del Pueblo dejó en claro que ninguna víctima de Barlovento tenía antecedentes penales ni se conocían entre sí, por lo que se descartaba que fuesen integrantes de una banda delictiva, como quisieron hacer ver los militares responsables de la matanza.

Sobre el caso de Cariaco, el 30 de noviembre, Lisandro Alfonso, director de la policía científica en la zona oriental del país, comisionado por el ministro Reverol para dilucidar la masacre, declaró que capturaron al teniente coronel de la Guardia Nacional Diego José Challa Caraballo, comandante del Conas en Cumaná, quien fue privado de libertad y trasladado al internado judicial de Cumaná junto con cinco funcionarios castrenses, un teniente y cuatro sargentos; y el civil José Ramírez. Aseveró que no hay un móvil, "lo que hubo fue abuso de autoridad por parte de los funcionarios".

Las víctimas de Cariaco fueron: Luis Bernardino Rodríguez De Abreu (21), Luis Alberto Arias Cabello (30), Jackson Rafael Rodríguez García (30), Javier Jesús Rodríguez Rodríguez (24), Jesús Rafael Rodríguez (38), Eduardo Vallejo Vallenilla (46), Miguel Ángel Acosta García (30), Carlos Javier Arias Cabello (34) y Luis José Rodríguez (40).

EL CALVARIO DE LOS PARIENTES
Familias de Barlovento reclamaban que llevaran a sus arrestados a tribunales, si es que los acusaban de algún delito; o que los soltaran. Con ese clamor llegaron a la Defensoría del Pueblo con sede en Guatire, al Ministerio Público y la Asamblea Nacional.

De los 20, solo ocho fueron retornando por cuentagotas a sus hogares, golpeados, con marcas de corrientazos en la piel y daños sicológicos. Sobrevivientes relataron el pasado 28 de noviembre a El Pitazo, vía telefónica, que el maltrato se inició desde el momento en el que fueron montados a la fuerza en los vehículos militares la noche del 15 de octubre.

En Cariaco, la protesta de familiares y vecinos fue crucial para la identifi cación de los implicados. Realizaron trancazos en la carretera nacional Troncal 9, exigiendo justicia. Esa presión logró que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol designara una comisión de investigación dirigida por Rubén Lugo, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científi cas, Penales y Criminalísticas y Lisandro Alfonso, director del Cicpc en la zona oriental del país.

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