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martes, 27 de diciembre de 2016

Amnistía Internacional advierte que autoridades no acatan sentencias sobre libertad de detenidos

Runrunes
Por Unión Radio
Fecha: 26/12/2016


Carlos Lusverti, gerente de documentación de Amnistía Internacional –AI-, explicó que la crítica situación del Poder Judicial ha venido siendo denunciada ante diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“Ha quedado en evidencia en el Consejo de DDHH las crecientes debilidades del poder judicial especialmente en lo que tiene que ver con su imparcialidad e independencia”.

Resaltó que AI está muy preocupada ante la incapacidad del Poder Judicial para hacer cumplir las sentencias. “Hemos tenido información preocupante de personas privadas de libertad que han recibido órdenes de excarcelación emanadas de los tribunales, pero las autoridades policiales no las reciben y no son ejecutadas”.

En el Foro A Tiempo en Unión Radio, denunció múltiples irregularidades que generan retardo procesal como retrasos en las audiencias o problemas de violencia que impide que se realicen los procesos en algunos centros penitenciarios. “Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo tienen una importante cuota de responsabilidad”.

Denunció que la falta de una alimentación adecuada se puede considerar como otra forma de violencia contra los detenidos. “Según información del Observatorio Venezolano de Prisiones –OVP- que hay varios casos de personas que han denunciado el fallecimiento de detenidos por desnutrición. Esto también supone revisar toda la estructura del Ministerio de Servicios Penitenciarios y averiguar a dónde están yendo los recursos”.

“Hace falta medidas contundentes de parte de los propios poderes públicos y de las instituciones”, aseveró.

Lusverti considera que en Venezuela existe un serio problema con los detenidos por causas políticas. “El Estado venezolano está en deuda con instrucciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que ha ordenado poner en libertad a personas porque se ha determinado, a través de una revisión imparcial del grupo y donde el Estado ha presentado sus argumentos, que se trata de privaciones arbitrarias a la libertad”.

“Tenemos casos de personas durante su detención preventiva se ha negado su paradero, privados de libertad por motivos claramente políticos o por el ejercicio de su libertad de expresión, otras que han sido puestas en libertad como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo, sin embargo, no se han revisado la totalidad de los casos de muchas personas detenidas por motivos políticos”, concluyó.

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