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miércoles, 7 de diciembre de 2016

96% de la remodelación del teleférico de Mérida se realizó sin permisos ambientales

Runrunes
Por Gitanjali Wolfermann
Fecha: 06/12/2016

  • El 16 de abril de 2015, la presidencia de Inparques emitió la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15, la cual otorgó, “en combo”, los siguientes permisos: la Autorización para la Ocupación del Territorio y la Afectación de Recursos Naturales para la remodelación del teleférico Mukumbarí
  • Dos aspectos vician este doble permiso: que los mismos deben obtenerse de manera separada y que la obra tenía cuatro años de adelanto para esa fecha. Se trata, en la práctica, de un acto administrativo a posteriori para remediar una violación a la Constitución y a las leyes ambientales
  • Documentos recientes intercambiados entre Inparques y Venezolana de Teleférico demuestran que las violaciones a las leyes ambientales siguen caracterizando el desarrollo de la remodelación del teleférico de Mérida. El informe 2015 de Provea constata que lo que ocurre en Mukumbarí se repite en el teleférico de Macuto

Por Gitanjali Wolfermann
@GitiW


“Legalmente, no podían mover ni una piedra”, sentencia un miembro del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques quien pide mantener su nombre en resguardo. No obstante, las movieron. Esa era “la orden de Caracas”. Para cuando la presidencia de Inparques finalmente emitió los permisos, la remodelación que comenzó en 2011 tenía 96% de adelanto. “Hoy lo que queda es hacer un post mortem de una obra que realizó una empresa del Estado al margen de la ley”, lamenta el trabajador.

Esa empresa es Venezolana de Teleférico C.A., creada en 2008 mediante el decreto presidencial N. 6.031 para desarrollar actividades relacionadas con la administración de los sistemas teleféricos propiedad del Estado. La preside desde junio de 2015 el general de división José Gregorio Rojas Sarubbi; quien sucedió a Lorena Lisset Parada Medina, en el cargo desde octubre de 2014, que a su vez relevó a José Gregorio Martínez Dávalos, ingeniero que estuvo al frente de Ventel desde su creación y que en 2014 pasó a ser el gerente general del Sistema Teleférico Mukumbarí.

Fue justamente Martínez Dávalos quien el 8 de julio de 2015 les notificó al director regional Mérida-Trujillo-Barinas (Inparques) y al superintendente del Parque Sierra Nevada, que desde Caracas había llegado la aprobación ambiental que la obra debió recibir antes de levantar la primera piedra.

“Reciba un cordial y caluroso saludo del equipo de trabajo que conforma el Sistema Teleférico de Mérida, deseándole el mejor de los éxitos en el cumplimiento de sus funciones”, se lee en el encabezado de la comunicación.


Martínez Dávalos aludía a la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15 que emitió la entonces presidenta de Inparques, María Isabella Godoy Peña, el 16 de abril de 2015. En el documento de 21 páginas se otorgan, por partida doble y por vía de excepción, tanto la Autorización para la Ocupación del Territorio (AOT) como la Autorización para la Afectación de los Recursos Naturales (AARN) para la ejecución del Proyecto “Mukumbarí Sistema Teleférico de Mérida”.


La doble aprobación que otorgó la funcionaria, quien actualmente se desempeña como viceministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, no solo contraviene el artículo 129 de la Constitución, el cual señala que: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”; y la disposición legal prevista en el Decreto 1.257 del año 1996, norma que describe los pasos administrativos para llevar a cabo una obra susceptible de degradar el ambiente, sino que además carece de sentido al estar redactada en futuro, como si el documento no tuviera cuatro años de retraso y la obra no llevara, para ese entonces, 96% de avance.


Entre el deber ser y lo que fue

“¿Con qué seriedad se puede considerar el trabajo de un organismo público que después de cuatro años de estar desarrollándose un proyecto que está bajo su jurisdicción, viene y autoriza a posteriori lo que ya está hecho. Es tratar de legalizar algo que es ilegal”, afirma el representante del Sunep-Inparques.

El funcionario agrega que “la aprobación la mandaron desde Caracas porque dijeron que en Mérida había muchos obstáculos”. Describe que entre esos “obstáculos” estaban las reiteradas observaciones que los miembros regionales del Instituto ambiental hicieron a los documentos que presentó Ventel para solicitar las aprobaciones correspondientes.


El primero de esos documentos es el denominado “Términos de Referencia”, el cual precede a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Tiene fecha del 22 de febrero de 2011 y recibió respuesta por parte de Inparques el 30 de marzo del mismo año.

Los funcionarios adscritos a la región Mérida-Barinas-Trujillo de Inparques que analizaron la descripción del proyecto; los objetivos; la justificación y el alcance del mismo, llegaron a la conclusión de que el documento “no ofrecía suficiente información para decidir acertadamente la aprobación de los Términos de Referencia propuestos”. Hicieron, además, 30 observaciones y notaron diversas inconsistencias en torno a la escala final del proyecto.


El documento de Términos de Referencia fue eventualmente aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente el 10 de agosto de 2011. El siguiente paso, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizada originalmente por Ventel en septiembre de 2011, recibió 25 observaciones por parte del equipo regional de Inparques debido, nuevamente, a la poca información suministrada por la empresa estatal.


Sin la aprobación del EIA Ventel no podía dar inicio a la obra, sin embargo, a finales de 2011 la Agencia Venezolana de Noticias refirió que la remodelación tenía 40% de adelanto.


De acuerdo con la Providencia Aprobatoria, Ventel remitió a Inparques los siete tomos del EIA definitivo el 8 de septiembre de 2014. Para entonces, la obra había alcanzado 90% de avance, según AVN. La carencia de los permisos que requiere la ley no les impidió avanzar en la remodelación, en parte por la importancia que el presidente Chávez le había conferido al proyecto y, por otro lado, debido a la cantidad de empresas involucradas en el mismo.


Si bien la obra estaba en manos de Ventel y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cartera que pasó durante la ejecución del proyecto de manos de Alejandro Fleming a Andrés Izarra y finalmente a Marleny Contreras, la empresa estatal no era la única involucrada en la remodelación.

El proyecto requirió el concurso de la empresa austríaca Doppelmayr Seilbahnen GMBH, que ya ha desarrollado varias obras en Venezuela como el Cabletren Bolivariano de Petare; el Metrocable de San Agustín y de Mariche; el Trolcable de Mérida, y actualmente trabaja en el Teleférico de Macuto; y el de al menos otras 13 empresas, entre ellas, Petróleos de Venezuela Ingeniería y Construcción C.A., Pentech Ingenieros 05, C.A. Metallizing C.A., PDI Gerencia e Ingeniería, S.A.; y las agrupadas en torno al Consorcio de Altura: Pial, C.A., Capi, C.A., Constructora Biankini, C.A., Briroca Inversiones, C.A., Celectran, C.A., Taller Chama y Mantenimiento Industrial C.A.

Las violaciones a las leyes ambientales no son los únicos cuestionamientos que se le han hecho a la remodelación del teleférico de Mérida. En septiembre de 2016, un trabajo de investigación de Runrun.es, basado en una auditoría que realizó la Contraloría General de la República sobre la remodelación del Sistema Teleférico Mukumbarí, reveló una serie de irregularidades en la obra, a saber, la presunta duplicación de pagos -lo cual incrementó los costos de la obra en más de 85%-, pago en exceso, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de la construcción.

“Esta obra no se puede parar”

Un experto ambiental que trabajó durante cuatro años en el proyecto y declara bajo condición de anonimato, describe que el mismo mutó sobre la marcha y las obras tuvieron dos momentos: el primero fue la modernización y el otro la construcción del nuevo sistema: “Ventel migró de una remodelación más bien cosmética a un nuevo sistema; cuando se cambió de un proyecto a otro debió cambiar el Estudio de Impacto Ambiental ya que en el primer caso se afectaban solo 98 hectáreas y en el segundo 237. En esa fase se incluyeron muchos emprendimientos asociados al teleférico que no estaban planificados originalmente”.

Al preguntarle acerca del rol que jugaron el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente e Inparques, dijo que después de que el Ministerio aprobó los Términos de Referencia delegó todo en manos de Inparques; “pero Inparques levantaba documentos para notificar las irregularidades ambientales y no pasaba nada”.

El experto relata que debido a la envergadura de la obra se conformaron varios equipos ambientales. “El líder era el equipo de Pdvsa-Pentech, pero la gerencia de Ventel también tenía gente a cargo; además estaba el equipo ambiental del Consorcio de Altura y el de Inparques. Aquello eran órdenes y contraórdenes, cada equipo levantaba sus informes para cubrirse las espaldas, otros simplemente miraban para otro lado”, dijo.

“¿Quién mandaba?, me da pena decirlo, pero no mandaba nadie. Yo trataba de hacer mi trabajo y cada profesional que trabajó allí trató de salvar su propia responsabilidad pero pasaban tantas cosas; quien tenía que dar la pauta era la gente de Pdvsa porque a ellos los contrataron para supervisar toda la obra; ellos supervisaban pero eso parecía más bien como la policía: llegaban y decían muéstrame qué has hecho; dónde está el equipo; etc; pero cuando les hacías las observaciones las ignoraban; a los técnicos ambientales les impedían subir en el teleférico para hacer las inspecciones, nos decían que no teníamos prioridad. Así era como se trabajaba”, dijo.

“¿Parar la obra? Ni hablar. Decían que se trataba de un proyecto del Estado que ya tenía dinero asignado y por ende no se podía parar. Cuando señalabas algo te decían que ese era un proyecto que no tenía enemigos ni detractores; que nadie los iba a estar molestando. El detalle está en que como el proyecto mutaba a cada rato, el EIA no tenía sentido. El Estudio tenía que ser aprobado previamente; ese es el deber ser: primero se elabora el proyecto y con esa base se realiza el EIA; el Estudio lo hicieron de manera paralela y por eso tardaron tanto (3 años) en presentarlo”, agregó el ambientalista.

Y aun así, el EIA definitivo no contempló algunos trabajos que se están acometiendo en la actualidad, situación que viola nuevamente las disposiciones legales ya que no es posible realizar acciones cuyo impacto no haya sido previsto en el Estudio. Ese es el caso del déficit en el suministro eléctrico. En la página 78 del Estudio de Impacto Ambiental que elaboró la empresa Proconsult se especifica que: “Se ha considerado innecesaria la incorporación de nuevas fuentes de energía, por lo que se continuará con las fuentes actuales provenientes de la subestación Mérida I”.


Las fallas en el suministro eléctrico han sido reiteradas y el 27 de noviembre de 2016 fue titular de prensa que el vagón en el que viajaba un equipo de reporteros de medios comunitarios y del portal Aporrea, quedó suspendido en pleno descenso desde la estación Pico Espejo por aproximadamente 1 hora, tras presentarse una interrupción en el servicio eléctrico. La nota de Aporrea reseñó que no era la primera vez que ocurría un evento similar.

Igualmente, en el EIA se previó que el sistema de aguas servidas fuera completamente autónomo, y en la actualidad, fuentes cercanas a la obra confirman que las plantas de tratamiento no están funcionando, situación cuyas consecuencias a nivel de contaminación ambiental son de especial consideración debido a que el Parque Nacional Sierra Nevada y el Parque Nacional Páramo de la Culata son áreas protegidas que proveen de servicios ambientales, fundamentalmente agua, a la población de Mérida.


Otro experto ambientalista que trabajó en la obra, quien pide mantener su nombre en reserva, describe que durante el proceso constructivo se montó un campamento para alojar más de 240 obreros en las inmediaciones de la Estación La Aguada. “Allí se instaló el restaurante que brindaba la comida a todos los obreros del Consorcio de Altura y Doppelmayr. Para manejar los efluentes de aguas grises y negras se instaló una planta de tratamiento que funcionó muy mal durante casi dos años, generando un gran impacto sobre un área de dos hectáreas”.

Efectos de las aguas servidas sobre la vegetación: “Mataba lo que tocaba”

“La imagen con la manguera muestra lo que los vertidos de la planta de tratamiento le hacían a la vegetación, en clara demostración de que esta no depuraba las aguas negras. Mataba lo que tocaba. Fue en el tercer año cuando hicieron 4 pozos sépticos en serie y redirigieron hacia ellos las aguas servidas, en una zona donde hay varios manantiales que tributan aguas abajo en dirección a la quebrada La Fría”, explica el experto.

Posteriormente se adquirió una nueva planta de tratamiento que se apoyó en los mismos pozos sépticos para verter los efluentes, supuestamente ya tratados. Sin embargo, el ambientalista apunta que “no valoraron que estos ya habían saturado el subsuelo y la absorción sería muy lenta, ya que los suelos de páramo son muy densos para que el agua de lluvia se retenga y baje lentamente, nutriendo a las selvas nubladas durante el verano y alimentando con regularidad las nacientes de agua que emanan de los páramos. Inparques, ciertamente, protestó a nivel de funcionarios locales, pero nada se solventó en su momento y todo aguardó a la instalación de las nuevas plantas de tratamiento que presentan fallas en todas las estaciones y no aguantarían una inspección ni una auditoría ambiental”.

Legalizando lo ilegal

El abogado ambientalista Lucas Riestra explica que “las leyes y la Constitución no hacen excepciones; las leyes son iguales para todos, indistintamente de si es el Estado el que ejecuta la obra. No tiene ningún sentido otorgar un permiso cuatro años tarde cuando el mal ya está hecho; con ese acto administrativo buscaron legalizar lo ilegal ya que la obra no había cumplido con los trámites; si el EIA no estaba aprobado no le podían haber dado la Autorización para la Ocupación del Territorio; tampoco podían otorgarle la Afectación de los Recursos Naturales, mucho menos conceder ambos permisos en un mismo acto y tratar de legalizar las dos faltas como quien mata dos pájaros con un solo tiro”.

La Ley Penal del Ambiente, vigente desde 2012, detalla cuáles son las responsabilidades que enfrentan las personas naturales y jurídicas que cometan delitos ambientales.


Asimismo, la Ley Orgánica del Ambiente, vigente desde 2006, indica en sus artículos 109 y 125 que los actos administrativos contrarios a la ley son nulos y que los funcionarios públicos a cargo del control ambiental que estén involucrados enfrentarán responsabilidades civiles, penales y administrativas por dichos actos.



“¿Qué queda por hacer? El proceso natural en vista de que se ha cometido un ilícito ambiental que puede rayar en las características de delito, es enviar el expediente a la Fiscalía, eso lo puede hacer desde un particular afectado hasta los miembros de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional”, explica al abogado ambientalista.

De los ilícitos existentes, a los que vienen en camino

A más de seis meses de la inauguración de la obra y a dos de su puesta en marcha, ambientalistas que trabajaron en el proyecto coinciden en que pese al cúmulo de irregularidades ambientales identificadas, las mismas no constituyen un caso de catástrofe ambiental. No obstante, confirman que los técnicos ambientales no han podido acceder al terreno para levantar los informes finales que den cuenta de las “no conformidades”, es decir, elaborar un listado detallado con todas las violaciones ambientales y las medidas mitigantes que no se implementaron.

Otro de los técnicos ambientales que trabajó en la remodelación agrega que “lo más nocivo es lo que no se hizo, las medidas que no se tomaron. Había un conjunto de medidas mitigantes y compensatorias que no se cumplieron: donde había que sembrar vegetación, la maleza creció y lo tapó todo; en los paisajismos sembraron un tipo de grama que no tiene vinculación con la vegetación específica de la zona y en áreas boscosas talaron árboles ilegalmente; la chatarra que había que recoger quedó escondida dentro del monte y eso generará daños a largo plazo; toda esa basura que quedó por la zona y que la vegetación cubrió aún se puede recoger pero no lo han hecho; la situación del impacto vial en los alrededores de la estación Barinitas es grave y no han implementado las medidas que propusieron en el EIA. Casi todas las medidas para mitigar o corregir los impactos ambientales implicaban la paralización de la obra, por eso muy pocas se aplicaron”.

Nieve cubre desechos tras remodelación del teleférico de Mérida

Las denuncias sobre los ilícitos ambientales no son nuevas. El grupo ecologista Ecotatuy, con base en Mérida, ha realizado un seguimiento sistemático al avance de la obra y ha denunciado en su portal numerosas irregularidades cometidas durante la remodelación.

Imágenes recopiladas por el grupo Ecotatuy

Y los ilícitos siguen. Un oficio que suscribe la Dirección General Sectorial de Parques Nacional, a cargo de la funcionaria Elitany Raga, enviado al presidente de Ventel el 10 de agosto de 2016, da cuenta de un total de 21 adecuaciones y ampliaciones de la oferta turística que se ofrece en Mukumbarí, y de la “incorporación de nuevos emprendimientos” que está impulsando Ventel. El documento confirma que ya hay “compromisos suscritos en diversas mesas técnicas sostenidas entre ambas instituciones” para llevar a cabo las propuestas, alguna de las cuales violan las normativas ambientales existentes.


Un experto ambiental que analizó el documento dijo: “¿Cómo es posible que Inparques llegue a acuerdos sobre actividades ilegales; hasta dónde puede llegar la impunidad y el desprecio por las normas?”. El ambientalista se refiere específicamente a propuestas como la “1c” para crear una ruta de bicicletas hacia el bosque de Los Coloraditos y La Pueblita, punto en el que Inparques nota: “Se requiere el aval de la comunidad”.

“En el primer caso se trata de un camino de recuas o de herradura que comunica con la población de Los Nevados; en el segundo, desde hace muchos años solo se usa con fines de excursionismo y uso peatonal. Ninguno tiene características de caminos carreteros por lo que autorizar esas rutas entrarían en contradicción con el artículo 46, numeral 5, del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Sierra Nevada”.

Dicha norma regula específicamente el uso de bicicletas: “a) El uso de las bicicletas estará restringido a los caminos carreteros, exclusivamente”. En el caso del camino que va desde la estación Loma Redonda a La Pueblita, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso establece en el artículo 39, que “solo se permite el paso sin posibilidades de acampamiento por estar parcialmente dentro de la Zona de Protección Integral”, que es la categoría de zonificación más restrictiva.

Respecto al hecho de querer incorporar a la comunidad en la aprobación de una actividad ilegal, el ambientalista se pregunta: “Ante un posible procedimiento sancionatorio, ¿buscan blindar con un manto de interés social y de desarrollo comunitario lo que saben que está en contravención a las normas?; ¿están haciendo cómplice a la comunidad?”.

El abogado ambientalista Lucas Riestra, quien además se desempeña como profesor universitario, no puede evitar contrastar la actuación actual de las autoridades ambientales con el desempeño que solían demostrar los funcionarios del Ministerio del Ambiente e Inparques: “No eran perfectos, de acuerdo, pero eran mucho más exigentes y preparados; claro que se cometieron irregularidades pero también es cierto que los funcionarios eran más celosos en el cumplimiento de su deber; la prioridad no estaba en la obra sino en cumplir con el deber como funcionario y no otorgar autorizaciones que no cumplieran con los requisitos”.

“Este y muchos otros casos demuestran que no solo se permitió la degradación del ambiente sino que se horadó el respeto a la ley, y eso que la mayoría de las leyes ambientales vigentes fueron creadas en este régimen. Queda claro que la norma está bien hasta el punto en que obstaculiza los planes del Estado; el objetivo era remodelar el teleférico e hicieron lo que hizo falta a nivel administrativo para lograrlo”, concluye el abogado.

Al final del post mortem, solo queda una pregunta por responder: ¿Cubrirá el manto de la impunidad los ilícitos ambientales cometidos en la remodelación del Teleférico de Mérida, tal y como la maleza cubrió los desechos que dejaron desperdigados?

*Provea, en su informe 2015 sobre el Derecho a un Ambiente Sano (avalado en el artículo 127 de la Constitución), permite constatar que el caso del teleférico de Mérida no es una excepción. “El decaimiento absoluto de la gestión ambiental caracterizó 2015, evidenciando una gestión con poca sensibilidad por la protección del medio ambiente (…); se han promovido distintos proyectos de infraestructura u obras civiles tales como ampliaciones de tramos de autopistas, teleféricos, parques temáticos, que aún no se esclarecen sus propósitos; para citar algunos ejemplos: el Parque Chávez, el puente entre La Carlota y el Parque del Este, en Caracas, entre otros, sin los debidos estudios de impacto”, dice la ONG. El informe de Provea evalúa la construcción del Teleférico de Macuto cuya ejecución está a cargo de la señalada empresa austríaca y parece adolecer de los mismos males que signaron la remodelación del teleférico de Mérida: “Importantes impactos ambientales se producen en el proceso de construcción del teleférico Macuto dentro del Parque Nacional Waraira Repano. Se viene ejecutando sin Autorización de Afectación de Recursos Naturales, sin Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado y sin supervisión de los funcionarios de Inparques, a quienes sus jefes no les permiten hacer presencia. La obra que debe ser sometida a investigación penal ambiental está bajo responsabilidad del Ministerio de Turismo (Mintur), institución que contrató a la empresa europea Doppelmayr (…). Hasta la fecha el impacto, sin que se tengan las autorizaciones, incluye incendios forestales, tala de árboles y modificación de la topografía con maquinarias, generación de altos volúmenes de material y sedimentación en las cuencas de cursos de agua que drenan hacia la costa del estado Vargas, como el río San José”.


(*) Para la realización de este reportaje, Runrun.es solicitó por escrito entrevistas al ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva; a la actual presidenta de Inparques, Angélica Romero; y su predecesora en el cargo y actual viceministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, María Isabella Godoy. Al momento de la publicación de este reportaje ninguno de los funcionarios había respondido.

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