La más elocuente de todas es una: el gobierno no quiere entrar a discutir nada sobre lo sucedido.
El ardid ya lo hemos podido apreciar: una pose adolorida en contra de medios, periodistas, políticos de oposición, y en general, todo el estamento opinático nacional, presuntamente por "traficar con el dolor de las víctimas", alternado con una furia irracional y completamente inútil de su militancia cuando la ciudadanía comete el atrevimiento de pedir explicaciones.
Pongamos esta afirmación en su contexto. Tronando en contra de la "meritocracia", algunos voceros del gobierno se pasaron años explicándonos que el problema petrolero "es político": político su uso; política la estructuración de su gerencia; política su orientación estratégica para apalancar el desarrollo nacional; políticos sus réditos electorales y político el soporte de la orientación de su diplomacia.
Puestos en el brete de tener que admitir aquello que tantas veces expertos de diversa procedencia le habían advertido a Miraflores el deterioro de Pdvsa y de sus procesos internos a causa de su manejo demagógico, de la ausencia de promoción de personal calificado y del desprecio a las decisiones técnicas los voceros del oficialismo nos cambian la ecuación: ahora sobre lo sucedido en Amuay ninguna indagación "se debe polítizar".
Las razones, también, son bastante obvias: esta es una discusión que rebasa las esferas industriales para insertarse de lleno en los dramas del seno de la sociedad venezolana, con un costo que el chavismo se niega a asumir. Un país que lentamente se va agotando cuando comprueba que sus problemas no se solucionan, y que, a cada nuevo evento desafortunado, le sigue la misma ración de consignas recalentadas.
De manera más amplia, representa un eslabón más en la larga cadena de eventos que retratan la disfuncionalidad del gobierno y el completo estado de destrucción de la administración pública a casi 14 años de chavismo. Expresados en el derrumbe de puentes y el deterioro de la vialidad, y también en tragedias recientes, pero relativamente olvidadas, sobre las cuales también se ha puesto mucho celo en hacer callar a la opinión pública, como la contaminación del río Guarapiche en Monagas.
Mientras a los periodistas se les llama "carroñeros", a los medios se les amenaza y se les silencia, y se despliega una singular campaña de chantaje colectivo, la adulterada mayoría chavista en el Parlamento anuncia entonces una medida que roza la indignidad: la Asamblea Nacional declina cumplir con su obligación en este trance.
Queda por completo descartada cualquier interpelación, la creación de alguna subcomisión especial o la convocatoria a un debate plenario. Queda prohibido que el Parlamento venezolano haga lo que en un caso como este haría cualquier Poder Legislativo en el mundo. Quiere decir esto que el foro político más importante del país, ideado para que sus representantes, electos por el voto popular, evalúen los problemas y avatares nacionales, ha renunciado a llegarle a la raíz a las causas e impactos de uno de los accidentes industriales más graves de nuestra historia.
La estrategia descrita, con su agresividad y ausencia de escrúpulos, hay que decirlo, está destinada a fracasar. Por mucho que sea cierto que las operaciones industriales de esa escala entrañen riesgos, la intermitencia de los accidentes, y su costo en víctimas y dinero, han sido lo suficientemente visibles durante estos diez años. De muy poco valdrá quejarse ante la existencia de "una campaña contra Pdvsa"; ni aludir el volumen de reservas de la Faja, ni seguir justificando inconsistencias y taras reciclando historias con diez años de caducidad, que han prescrito y que no tienen ningún significado en el momento actual.
La verdad se irá desprendiendo solita.
La opinión pública venezolana está integrada por adultos y mayores de edad. La coacción, el sectarismo, la prepotencia y el fanatismo demente no van a impedir que el pueblo venezolano termine juzgando correctamente lo que ha venido sucediendo en todo este tiempo, especialmente durante las últimas semanas.
Uno de los vicios más acentuados de la izquierda ortodoxa, causante postrero de su debacle irreversible en todo el mundo, es que no terminó de comprender que los problemas de las personas no se resuelven alzando banderas ni tarareando consignas.
La agitación política es una tarea de la oposición: a los comisionados para ejercer funciones de gobierno no puede bastarles con organizar personas, montar laboratorios informativos ni aludir a la existencia de siniestras campañas internacionales.
Esa es la razón que explica que, con 13 años en el poder, el país se encuentre en la disfuncional situación actual.
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