El Ejecutivo tuvo que acceder a desmilitarizar la zona para liberar a los soldados y oficiales retenidos. La solución de fondo pasa por echar atrás el decreto de "nacionalización" del oro
DAMIÁN PRAT C / Especial/Guayana - Contraportada TalCual
Varios centenares de indígenas de trece comunidades del sector Manaima de La Paragua en el curso alto del río del mismo nombre se rebelaron contra lo que denunciaron es "la represión y atropellos en su contra de funcionarios militares", logrando retener a 24 de esos efectivos, incluyendo varios oficiales para al final obtener el acuerdo de diálogo que el mismo Gobierno les había negado en las semanas previas.
El conflicto se desató a mediados de la semana pasada en ese intrincado sector al sureste del estado Bolívar, unas cuatro horas de navegación río arriba desde el poblado de La Paragua ubicado a su vez en la confluencia de ese río con el Caroní a la entrada del gran lago de Guri.
Denunciaron voceros indígenas que durante meses y especialmente en las últimas semanas desde que el presidente Chávez decretó la "nacionalización" del oro, han sido objeto de atropellos bajo el manto del llamado "Plan Caura" que dirige el general Rangel Silva que incluye la destrucción de sus equipos de trabajo, desalojos violentos y lo que denominaron como "cobro de vacunas y robos del oro".
"Eso lo hemos soportado por mucho tiempo pero ahora se rebosó el vaso y decidimos rebelarnos", dijo Jorge Pérez, capitán de las comunidades de la etnia Pemón del sector 7, Gran Sabana, quien advirtió que "el cobro de vacunas por funcionarios militares ha sido cotidiano durante años".
Los indígenas se habrían hartado y rodearon a los militares hasta reducirlos, desarmando y reteniendo a 24 de ellos durante dos días, exigiendo la presencia del vicepresidente Elías Jaua.
Finalmente accedieron a negociar con la ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, y el ministro de la Defensa tras lo cual el Gobierno desmilitarizó toda la zona y los indígenas entregaron a los militares retenidos.
LA VERSIÓN ROJITA
El general Rangel Silva y tras él lo han repetido interminablemente el canal 8 y el sistema de medios públicos dijeron que "se puso fin a una situación extraordinaria gracias a una mesa de diálogo" para luego decir que desmentía que hubiera ocurrido enfrentamientos y asegurar que "hay total normalidad" El militar de inmediato le dio tono político al asunto al decir que "fracasaron los actores políticos que intentaron generar un conflicto entre los pueblos indígenas y las fuerzas militares en la zona".
El general y la ministra Maldonado dijeron que "se fortaleció la unidad cívicomilitar y que las comunidades indígenas se sumaron al Gran Polo Patriótico".
Las fotografías y videos que los propios indígenas hicieron correr de inmediato por las redes sociales y correo electrónico -omo las que reproducimos en ésta misma página desmintieron a ambos altos funcionarios.
El diputado Américo De Grazia (MUD-CausaR) quien fue electo justamente por el circuito sur, ha estado luchando junto a comunidades mineras e indígenas denunciando la represión del "Plan Caura", y quien estuvo por tres días en La Paragua, tratando de mediar y para servir de vocero a las comunidades desmintió que tales acuerdos políticos hubieran ocurrido.
Los dirigentes de las 35 comunidades Pemón, Yekuana y Chirichanos de El Casabe y El Tonoro se sienten burlados por esos anuncios del general Rangel. Afirman que nadie se ha inscrito en ningún polo oficialista, que eso es manipulación y que siguen en lucha contra el decreto de "nacionalización" del oro que los quiere convertir en limosneros del gobierno.
Ellos fueron enfáticos al decir que los únicos acuerdos fueron desmilitarizar toda la zona a cambio de la entrega de los militares retenidos y abrir una mesa de diálogo que aún no se ha concretado para buscar soluciones".
MÁS ACUSACIONES
Nelson Delgado, ex alcalde de la Gran Sabana y consejero de la tribu Pemón, denunció al general Rangel Silva, no sólo por la represión previa.
"El General Henry Rangel Silva trata de presionar a nuestros hermanos ofreciendo un acuerdo cuando los indígenas acepten inscribirse en el Gran Polo Patriótico. ¿Quién es el que está haciendo manipulación política?".
Señaló que la solución pasa por hacer un plan de ordenación del territorio, definiendo las áreas para minería y adosarle programas y métodos para ejercer la minería sin causar daños al ambiente.
"El estatismo en ruina para los pequeños mineros venezolanos y ganancias para las transnacionales", remató al tiempo de anunciar que se recurrirá ante el TSJ la nulidad del decreto 8.413 que es retrógrado y antiprogresista.
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