El planteamiento, expuesto por el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, en referencia a la posibilidad de descentralizar tales establecimientos judiciales, corresponde a uno de los puntos incluidos en el denominado ‘Portafolio de Propuestas Penitenciarias para Venezuela’, cuya presentación cumplió este jueves la citada ONG, en Caracas.
“Se trata de un proyecto para resolver, entre otros, el problema del retardo procesal, el problema de salud en los reclusorios, para la descentralización – en cumplimiento del artículo 272 de la Carta Magna, el cual reza ‘las cárceles se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales o municipales (…) pudiendo ir a una modalidad de privatización’ ”, indicó.
“Entonces, es un mandato constitucional imperativo, no potestativo, para que los ejecutivos de las entidades federales respondan penal, civil y administrativamente de la ejecución y de la protección de las personas privadas de libertad y el mantenimiento de los recintos respectivos”, explicó el ponente a los periodistas, rememorando que el régimen centralizador prevalece desde 1937, durante la gestión presidencial de Eleazar López Contreras.
Asimismo, el declarante enumeró los tópicos del estudio elaborado por especialistas en la materia – criminólogos, constitucionalistas, sociólogos, etc. – centrados en cómo se combate la corrupción, el tráfico de armas, la precaria alimentación de los presos, cómo se forma al personal que necesitan las cárceles según el perfil de los internos por el tipo de delito, grado de peligrosidad, edad y sexo, por citar los principales parámetros.
“Que se haga un plan según las sentencias y que se clasifiquen los penales como de alta, mediana y mínima seguridad, de manera que no compartan prisión quien cometió un delito leve con quien cometió uno grave, o el reincidente con el primario”, expresó.
El declarante hizo énfasis en las cifras que arroja actualmente el sector – una población reclusa de casi 90 mil individuos – identificando que a los cerca de 60 mil internos de las cárceles deben sumarse los que encuentran detenidos en las comisarías. “Esas son personas que duran ahí más del tiempo de las 96 horas estipuladas: lamentablemente, hay quienes permanecen en esas dependencias 3,4 y hasta 5 años, y salen enfermas”, afirmó, destacando que el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer el servicio adecuado a los confinados.
¿Por qué muere más de un interno diario?”, se preguntó al cuestionar la labor oficial. “Por qué mueren internos por sida, tuberculosis, cirrosis, y el Estado no le provee, precisamente, el mejor tratamiento. ¿Por qué hay tantas armas en nuestras cárceles? Entonces, quiere decir que aquí no fallan las organizaciones de DD.HH sino que falla el Estado. Hay que buscar no a los que solo tienen buenas intenciones sino a los expertos para que una persona que ingresa a una prisión, cuando salga de nuevo a la sociedad, posea unos valores para la reinserción, toda vez que el Estado contribuye para que los reclusorios sean universidades del delito y centros de profesionalización en el crimen”, apuntó.
“En lo que cabe al retardo procesal, se encuentra en 70 %, lo cual es grave, y la reincidencia en 60 %, muy grave, porque eso quiere decir que la cárcel fracasó”, aseveró.
Ministra ‘cautiva’ de lo que dice
El alto vocero refutó los reiterados pronunciamientos de la titular del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, negando el hacinamiento carcelario. “Tocorón (estado Aragua) fue construida para 750 personas y hay 8 mil, en la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico) hay más de 5 mil presos y fue construida para 550. Pero ellos se limitan a decir que ‘no hay hacinamiento porque la gente no está pegada una con otra’ ”, objetó, comentando que, además, no se cumplía con la norma de un efectivo de seguridad por cada diez confinados.
El especialista aprovechó para contrastar el proselitismo de presos abogando por el gobierno nacional y el injusto encarcelamiento de los activistas del partido Voluntad Popular, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel.
“La ministra abrió la ‘caja de Pandora’ porque llevó 300 reclusos al Ministerio Público a gritar ‘no al fraude’, y consignas por la revolución. Nosotros creemos que les están dando instrucción ideológica. Eso nunca se ha visto, ni en las cárceles de Nicaragua, Bolivia o Ecuador. Quisiéramos saber los nombres de los jueces que concedieron el permiso de salida y de los jefes de la Guardia Nacional Bolivariana – cuerpo que cumple funciones de seguridad externa en las cárceles – que dejaron que ocurriera semejante anomalía”, denunció.
“En cambio, a los dos jóvenes de VP los afeitaron, los dejaron con la cabeza rapada, los uniformaron, los tienen aislados, deben esperar 30 días para que los puedan visitar sus familiares, apenas acaban de hablar con sus representantes legales, violándose el principio de que desde momento de la detención la persona puede ser asistida por su abogado”, fustigó.
Finalmente, en la inminencia de la entrega del documento a las autoridades, urgió a los destinatarios a que revisen el contenido del ‘Portafolio de Propuestas Penitenciarias para Venezuela’. “Nosotros no podemos suplir al Estado en la responsabilidad que tiene, lo que sí podemos hacer es entregar las recomendaciones – al Ejecutivo de Miraflores, Poder Judicial y Asamblea Nacional – si aspiran cambiar la situación carcelaria”.
“Si se quiere seguir con más de lo mismo, con los ‘pranes’, con el hacinamiento, con la violencia, con la falta de buena salud dentro de las cárceles, con una clasificación idónea, pues, que continúen realizando lo mismo que se ha hecho en 16 años. Hasta que no comprendamos que este es un problema de educación no vamos a solucionar la crisis de las cárceles del país”, concluyó.
Prensa MUD
30/6/2016 3:21pm
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