La actitud ofensiva del Estado ante la ONU impidió generar un diálogo constructivo

El discurso político privó en las delegaciones oficiales de Venezuela que se sentaron ante los comités evaluadores de Naciones Unidas

MARU MORALES P. / El Nacional
mmoralesp@el-nacional.com
6 de julio 2015 - 12:01 am

Poca o nula capacidad de diálogo, datos contradictorios, intentos de eludir la responsabilidad del Estado, subestimación de los expertos evaluadores, temor de responder preguntas, cinismo, desconocimiento e improvisación.

Así describen voceros de ONG la actuación del Estado venezolano ante los comités de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Derechos Humanos, durante la evaluación sobre el cumplimiento de los pactos internacionales suscritos por la República. La última vez que Venezuela rindió cuentas ante esos dos organismos fue en 2001, aunque el año pasado acudió ante el Comité contra la Tortura.

Rafael Uzcátegui (Provea), Carlos Correa (Espacio Público) y Liliana Ortega (Cofavic), que participaron en ambos procesos, señalan que el gobierno perdió una oportunidad de dialogar con instancias prestas a asesorarlo en la implementación efectiva de los derechos ciudadanos.

“El hilo conductor de la actuación del Estado ha sido la no aceptación de su responsabilidad, intransferible, como garante de los derechos humanos. El Estado se presenta ante estos mecanismos intentando buscar a otros responsables: la guerra económica, el asedio internacional, las guarimbas”, aseguró Ortega.

Sostuvo que las misiones oficiales subestimaron a los representantes de la ONU al acudir con datos contradictorios e información poco rigurosa. “Usaron un lenguaje y actuaron de manera ofensiva, como si se enfrentaran a enemigos. Eso es poco útil para la imagen de Venezuela y les impidió mostrar los aspectos positivos que pudieran tener”, dijo la directora de Cofavic.

El monólogo

El vicepresidente y ministro Ricardo Menéndez encabezó la primera delegación, integrada por 26 funcionarios, que se sentó los días 2 y 3 de junio ante el Comité-DESC; mientras la fiscal Luisa Ortega fue jefa de la misión de 35 funcionarios que compareció ante el Comité-DD HH el 29 y 30 de junio.

En ambas evaluaciones hubo momentos de tensión generadas por las respuestas destempladas de los funcionarios ante las preguntas de los expertos. El presidente del Comité-DD HH, Fabián Salvioli, sacó su propia conclusión: “Quizá como el Estado venezolano tenía 15 años sin venir, olvidó la dinámica del diálogo”.

Rafael Uzcátegui, presente en la interpelación del Comité DESC, aseguró que las autoridades venezolanas se han acostumbrado al monólogo y a los auditorios complacientes, lo cual pasa factura en eventos de esa naturaleza, donde el debate, el disentimiento respetuoso y el diálogo son las únicas herramientas válidas. “El Estado está siendo víctima de sí mismo al no haber generado mecanismos de rendición de cuentas y de diálogo social en todos estos años”, afirmó.

Liliana Ortega felicitó la pequeña ventana abierta por Ricardo Menéndez cuando invitó a los expertos del Comité-DESC a visitar el país. “Esa postura fue la más útil e inteligente. Venezuela ganaría muchísimo invitando a los relatores y facilitando las visitas del alto comisionado”, dijo Ortega.

Y el cinismo

Correa, que asistió al examen del Comité-DD HH, advirtió que las intervenciones estatales estuvieron también “cargadas de cinismo”, al no reconocer situaciones de las que los expertos tenían documentados reportes.

“Cuando la fiscal negó haber recibido denuncias por hostigamiento a defensores de derechos humanos, los expertos tenían en sus manos la denuncia que llevamos a la Fiscalía hace un mes”, confirmó Uzcátegui.

Eso demuestra, sostuvo Correa, el desconocimiento de la función del sistema universal de derechos humanos: “El mundo de los derechos humanos no es retórico: si el Estado no toma medidas, la gente se muere en las cárceles, o de hambre, o por la violencia. Los discursos ramplones no tienen cabida”.

Las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos deberían conocerse dentro dos a tres semanas y estarán orientadas a la protección a los defensores de derechos humanos; el impulso a la independencia del poder judicial; el respeto a la libertad de expresión y acceso a la información pública; situación de las cárceles, integridad personal y tortura, y los derechos de las comunidades Lgbti. Además, fijarán posición sobre la familia Barrios, la jueza María Afiuni, y los abogados y periodistas perseguidos o detenidos en ejercicio de sus funciones.