19-05-2015
MARISELA CASTILLO APITZ / @marisary
Ser guardaespaldas es más lucrativo que ser ofi cial activo, aunque la formación para cuidar a terceros se obtenga en las mismas academias. Al riesgo propio del ofi cio se le suma el peligro de andar armado y en buena moto, cual carnada apetitosa para la delincuencia sin freno
No es mientras ejercen su trabajo que asesinan a los escoltas en Venezuela, es por portar un arma y trasladarse en una moto de alta cilindrada. En lo que va de año han asesinado a 8 guardaespaldas en todo el territorio nacional. Más de uno por mes, según los cálculos y resportes de prensa. De todos ellos, solo tres prestaban sus servicios al sector privado y el resto eran integrantes del personal de seguridad de altos funcionarios del gobierno.
Así, se cuentan los casos de quienes resguardaban a Winston Vallenilla, presidente de Tves; Héctor Rodríguez, ministro de Educación; Tarek William Saab, defensor del Pueblo; Ángel Rodríguez, presidente del Parlatino; y Mario Silva, presentador de VTV.
En ninguno de los casos registrados, el asesinado cayó cumpliendo su deber. Sus empleadores no estuvieron amenazados porque estaban "francos de servicio". El objetivo eran "el hierro" y "las bichas".
De esos hechos, todos protagonizados por hombres menores a 45 años, la mayoría fueron asesinatos en Caracas o en el estado Miranda. En el caso del escolta de William Saab, el cadáver fue encontrado calcinado con cinco impactos de bala en la población de Villa de Cura (Aragua).
Mientras que al de Héctor Rodríguez lo mataron detrás de la maternidad Concepción Palacios en plena capital, luego de que dejara a su hijo de seis años en una guardería que está ubicada por el sector.
El más reciente suceso ocurrió el pasado domingo cuando Eldemar José Bermúdez Patiño, funcionario de la Policía de Caracas, adscrito como escolta al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue asesinado de tres tiros para el robarle el arma de reglamento, en Turmero, estado Aragua. El sujeto, de 27 años, se desempeñaba como escolta del presentador de La Hojilla, Mario Silva, quien ha perdido a manos del hampa a tres guardaespaldas desde 2010.
"Matar a un escolta lamentablemente se convirtió en un negocio", explica Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa. "Un arma usada puede costar mil dólares, y una moto KLR cuesta millón y medio de bolívares". Es decir, un delincuente obtiene casi dos millones de bolívares por cada golpe.
A la situación que viven los guardaespaldas hay que agregarle los funcionarios de la policía que también mueren para ser despojados de su armamento. Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundrepro), en lo que va de año van 126 funcionarios caídos y se calcula que en 2014 mataron al menos 25 escoltas en Caracas.
TRABAJO POR LA LIBRE
En Venezuela no hay ninguna figura legal que proteja o regularice el trabajo de los escoltas. A diferencia de otros países, para formar parte del equipo de seguridad de una persona solo hay que tener la confianza del cliente y una licencia de porte de arma.
En Venezuela, la mayoría de los escoltas son entrenados en los cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Nacional y las policías municipales son las principales canteras. De allí salen huyendo de los bajos salarios institucionales para poner el pecho por otro y tener más ingresos.
Mientras un oficial de la Policía de Sucre gana 11.600 bolívares al mes o un funcionario del municipio Baruta recibe una remuneración mensual de 11 mil bolívares; un escolta gana mínimo 25 mil bolívares, pero si es jefe de grupo su sueldo puede llegar a 60 mil.
Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana de Baruta, explica que "esta situación representa una de las pérdidas más importantes de todas las policías porque luego que el Estado los formó, el recurso humano prefiere irse al sector privado".
El detalle es que en Venezuela no hay ninguna legislación que indique qué requisitos deben tener los escoltas. Lo que quiere decir que los 6.800 escoltas agremiados a la Asociación Bolivariana de Escoltas, y los que están por fuera de esta agrupación, están al margen de la ley y totalmente desprotegidos.
Además, Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa, explica que en el caso de que un escolta asesine a otra persona en el trabajo "debe demostrar que lo mató en defensa propia y no defiendo a su cliente", porque de lo contrario iría a prisión por homicidio.
A su juicio, esta situación representa "un hueco legal gigantesco sobre todo ahora que hay un auge de esta actividad producto de la inseguridad".
LA CONFIANZA MATA
Para Francisco Rodríguez, un escolta que trabaja para el sector privado y que prefirió mantener su anonimato, estar bajo perfil es la clave en momentos en los que la inseguridad se ha recrudecido.
"El 90% del trabajo de un escolta es prevención y la rutina es el principal enemigo", asegura. "Siempre he dicho que la confianza es quien mata a un policía o a un escolta", dice.
El argumento también es válido para quienes contratan este tipo de servicio debido a que se han reportado casos en que los propios guardaespaldas son los que aportan información sobre el cliente para robarlo o agredirlo.
De los casos recientes más sonados, es el del diputado por el PSUV Robert Serra, que de acuerdo con la investigación oficial fue asesinado dentro de su casa después que su jefe de escoltas lo traicionó.
En nuestra experiencia de acompañamiento a familias víctimas de violaciones a los derechos humanos, la palabra impunidad ha adquirido diferentes significados: "(...) es un silencio profundo" expresó Graciela Fajardo, líder del Comité de Familiares de Víctimas de abusos policiales y militares del estado Anzoátegui COFIVANZ.
DOS CARAS DE LA MONEDA
Francisco Rodríguez
Escolta
"Las armas están tan caras que nos volvimos objetivo de los malandros. Esto es el país al revés. En mi caso vivo en Los Valles del Tuy (Miranda), pero ahora resulta que prefieren venir por mí que por la gente que sí tiene plata de verdad".
Francisco Rodríguez es escolta, no alcanza los 30 años de edad y prefiere mantener su nombre real en reserva.
José Acosta
Policía de Sucre
"Yo salgo de mi casa (en Charallave) sin el uniforme. Me tengo que cambiar cuando llego a la Comandancia porque por mi sector no saben que soy policía. Piensan que tengo un puesto en la redoma de Petare de alquiler de celulares. En Venezuela quien es policía es por amor al arte. A uno le da miedo andar por la calle con su uniforme"
MARISELA CASTILLO APITZ / @marisary
Ser guardaespaldas es más lucrativo que ser ofi cial activo, aunque la formación para cuidar a terceros se obtenga en las mismas academias. Al riesgo propio del ofi cio se le suma el peligro de andar armado y en buena moto, cual carnada apetitosa para la delincuencia sin freno
No es mientras ejercen su trabajo que asesinan a los escoltas en Venezuela, es por portar un arma y trasladarse en una moto de alta cilindrada. En lo que va de año han asesinado a 8 guardaespaldas en todo el territorio nacional. Más de uno por mes, según los cálculos y resportes de prensa. De todos ellos, solo tres prestaban sus servicios al sector privado y el resto eran integrantes del personal de seguridad de altos funcionarios del gobierno.Así, se cuentan los casos de quienes resguardaban a Winston Vallenilla, presidente de Tves; Héctor Rodríguez, ministro de Educación; Tarek William Saab, defensor del Pueblo; Ángel Rodríguez, presidente del Parlatino; y Mario Silva, presentador de VTV.
En ninguno de los casos registrados, el asesinado cayó cumpliendo su deber. Sus empleadores no estuvieron amenazados porque estaban "francos de servicio". El objetivo eran "el hierro" y "las bichas".
De esos hechos, todos protagonizados por hombres menores a 45 años, la mayoría fueron asesinatos en Caracas o en el estado Miranda. En el caso del escolta de William Saab, el cadáver fue encontrado calcinado con cinco impactos de bala en la población de Villa de Cura (Aragua).
Mientras que al de Héctor Rodríguez lo mataron detrás de la maternidad Concepción Palacios en plena capital, luego de que dejara a su hijo de seis años en una guardería que está ubicada por el sector.
El más reciente suceso ocurrió el pasado domingo cuando Eldemar José Bermúdez Patiño, funcionario de la Policía de Caracas, adscrito como escolta al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue asesinado de tres tiros para el robarle el arma de reglamento, en Turmero, estado Aragua. El sujeto, de 27 años, se desempeñaba como escolta del presentador de La Hojilla, Mario Silva, quien ha perdido a manos del hampa a tres guardaespaldas desde 2010.
"Matar a un escolta lamentablemente se convirtió en un negocio", explica Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa. "Un arma usada puede costar mil dólares, y una moto KLR cuesta millón y medio de bolívares". Es decir, un delincuente obtiene casi dos millones de bolívares por cada golpe.
A la situación que viven los guardaespaldas hay que agregarle los funcionarios de la policía que también mueren para ser despojados de su armamento. Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundrepro), en lo que va de año van 126 funcionarios caídos y se calcula que en 2014 mataron al menos 25 escoltas en Caracas.
TRABAJO POR LA LIBRE
En Venezuela no hay ninguna figura legal que proteja o regularice el trabajo de los escoltas. A diferencia de otros países, para formar parte del equipo de seguridad de una persona solo hay que tener la confianza del cliente y una licencia de porte de arma.
En Venezuela, la mayoría de los escoltas son entrenados en los cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Nacional y las policías municipales son las principales canteras. De allí salen huyendo de los bajos salarios institucionales para poner el pecho por otro y tener más ingresos.
Mientras un oficial de la Policía de Sucre gana 11.600 bolívares al mes o un funcionario del municipio Baruta recibe una remuneración mensual de 11 mil bolívares; un escolta gana mínimo 25 mil bolívares, pero si es jefe de grupo su sueldo puede llegar a 60 mil.
Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana de Baruta, explica que "esta situación representa una de las pérdidas más importantes de todas las policías porque luego que el Estado los formó, el recurso humano prefiere irse al sector privado".
El detalle es que en Venezuela no hay ninguna legislación que indique qué requisitos deben tener los escoltas. Lo que quiere decir que los 6.800 escoltas agremiados a la Asociación Bolivariana de Escoltas, y los que están por fuera de esta agrupación, están al margen de la ley y totalmente desprotegidos.
Además, Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa, explica que en el caso de que un escolta asesine a otra persona en el trabajo "debe demostrar que lo mató en defensa propia y no defiendo a su cliente", porque de lo contrario iría a prisión por homicidio.
A su juicio, esta situación representa "un hueco legal gigantesco sobre todo ahora que hay un auge de esta actividad producto de la inseguridad".
LA CONFIANZA MATA
Para Francisco Rodríguez, un escolta que trabaja para el sector privado y que prefirió mantener su anonimato, estar bajo perfil es la clave en momentos en los que la inseguridad se ha recrudecido.
"El 90% del trabajo de un escolta es prevención y la rutina es el principal enemigo", asegura. "Siempre he dicho que la confianza es quien mata a un policía o a un escolta", dice.
El argumento también es válido para quienes contratan este tipo de servicio debido a que se han reportado casos en que los propios guardaespaldas son los que aportan información sobre el cliente para robarlo o agredirlo.
De los casos recientes más sonados, es el del diputado por el PSUV Robert Serra, que de acuerdo con la investigación oficial fue asesinado dentro de su casa después que su jefe de escoltas lo traicionó.
En nuestra experiencia de acompañamiento a familias víctimas de violaciones a los derechos humanos, la palabra impunidad ha adquirido diferentes significados: "(...) es un silencio profundo" expresó Graciela Fajardo, líder del Comité de Familiares de Víctimas de abusos policiales y militares del estado Anzoátegui COFIVANZ.
DOS CARAS DE LA MONEDA
Francisco Rodríguez
Escolta
"Las armas están tan caras que nos volvimos objetivo de los malandros. Esto es el país al revés. En mi caso vivo en Los Valles del Tuy (Miranda), pero ahora resulta que prefieren venir por mí que por la gente que sí tiene plata de verdad".
Francisco Rodríguez es escolta, no alcanza los 30 años de edad y prefiere mantener su nombre real en reserva.
José Acosta
Policía de Sucre
"Yo salgo de mi casa (en Charallave) sin el uniforme. Me tengo que cambiar cuando llego a la Comandancia porque por mi sector no saben que soy policía. Piensan que tengo un puesto en la redoma de Petare de alquiler de celulares. En Venezuela quien es policía es por amor al arte. A uno le da miedo andar por la calle con su uniforme"
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