Familiares temen que depresión afecte a presos políticos

Autoridades de la policía política se niegan a trasladar a medicina forense a Pablo Estrada, que padece de tuberculosis, a pesar de que los médicos así lo ordenaron

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HERNÁN LUGO-GALICIA / El Nacional
@Hlgnapita
25 de marzo 2015 - 12:01 am

La presión sicológica (“serán llevados a Yare”), el retardo procesal (“en los tribunales no hay audiencia”) y la desesperanza comienzan a mermar el estado de salud de los presos políticos, tanto de quienes se encuentran en calabozos del Sebin como en cárceles comunes.

Pablo Estrada y Eduardo Colmenares están recluidos en el Sebin del Helicoide por las protestas de 2014. Tienen casi un año esperando el juicio y ahora están enfermos: uno padece tuberculosis pulmonar y el otro sufre de cólico nefrítico y un problema en un riñón.

Informes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del personal médico de la policía política indican que requieren atención especial de manera inmediata, por lo cual familiares y abogados exigen que los juzguen en libertad para que reciban atención, pues temen por sus vidas debido a la depresión que les causa el encierro y porque los tribunales se han negado durante un año a garantizarles justicia.

“Cumplimos condena sin haber sido sentenciados’, me dijo mi hijo”, señaló Tania Izaguirre, madre de Pablo Estrada, que relata el drama familiar no solo por la paralización de los tribunales y la prisión y enfermedad de su hijo, sino también porque su nieto de 2 años de edad debe ser cuidado por sus abuelos debido a que la esposa de Estrada padece de cáncer y tiene que ser aislada del pequeño.

“¡Exijo justicia! Mi hijo era quien proveía a su hogar y hoy está preso sin que haya cometido delito alguno”, clamó Izaguirre, mientras movía las manos ansiosamente.

Un informe del IVSS indica que Estrada presenta tuberculosis diseminada en el área lumbar y músculo-esquelético. Médicos del Sebin recomendaron el sábado pasado llevarlo a medicina forense, pero la orden no se ha ejecutado por la negativa de las autoridades policiales, señalaron familiares y abogados.

“Mi hijo es ingeniero de sonido, le gusta la música. Fue detenido en Las Mercedes en 2014 de manera injusta y sin razón, porque él no estaba en la protesta, sino que estaba cuando pasaron los policías y lo vincularon con una manifestación que había en la zona. Si así hubiese sido, la protesta es un derecho constitucional y nadie debe ser juzgado por esa causa. Señora Cilia Flores, usted es madre y debería interesarse por este caso, queremos la libertad”, expresó Izaguirre, con la esperanza de ser escuchada en Miraflores.

No hay justicia. En los casos descritos el abogado José Vicente Haro denuncia violación de tres derechos garantizados por la Constitución: derecho a la vida (artículo 43), derecho a la salud (artículo 83) y derecho al debido proceso (artículo 49).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las personas con síntomas de tuberculosis, VIH o cáncer pueden gozar de beneficios procesales.

“Estrada, Colmenares y Douglas Morillo son personas que llevan más tiempo en el Helicoide, víctimas del retardo procesal. Hemos acudidos a las instancias del Poder Judicial y lamentablemente no hay justicia. Morillo lleva un año preso sin que se haya efectuado la apertura del juicio, lo que no debió pasar de 45 o 60 días. El expediente estaba engavetado, pero con la muerte de Rodolfo González y una solicitud ante los tribunales pasó al tribunal de juicio. Solo esperamos que esta vez sí se produzca algún movimiento”, indicó Haro.

Pablo Estrada fue detenido en Las Mercedes en julio de 2014 y acusado de obstaculizar vías publicas. “Lleva ocho meses sin poder defenderse porque no hay juicio. No hay audiencia para defenderse como lo prevé la ley”, dijo Haro. Aduce que Estrada merece una medida cautelar de presentación por su cuadro clínico y que se cumpla la orden médica de que lo atiendan.

Haro insta a los tribunales a decidir, debido a que los presos comienzan a “sentirse perdidos” por estar pagando una condena sin que haya sentencia. “La depresión de los presos políticos se acentúa cada día y es una responsabilidad del Estado velar por la salud de ellos, así como garantizarles sus vidas. Ellos no cometieron delito alguno, solo ejercían su derecho a expresarse, a manifestarse, por lo que son presos políticos”.

La abogada Pierina Camposeo señaló que el tribunal que lleva el caso de Estrada tiene dos meses sin juez titular y la suplente se niega a seguirlo. “¿Por qué no decide? En ausencia de la titular puede actuar y no dejar en estado de indefensión a los ciudadanos. Puede darle libertad por medio de medidas cautelares, sustitutivas de libertad”.

Estudiante pierde peso. Karolyn Yépez, familiar de Douglas Morillo, considera que la muerte de Rodolfo González impidió que el estudiante de comunicación social fuera trasladado a una cárcel común. “Han pasado seis meses sin que hagan el juicio”, denunció.

Yépez expresó que los padres de Morillo tienen que viajar desde el estado Guárico hasta Caracas para verlo apenas unos minutos. Describe así la situación de Morillo: “Ha perdido peso, se deprime y eso lo afecta sicológicamente”.

Cárceles peligrosas

Aunque por hallarse incursos en delito menor deberían estar en retenes o comandancias policiales, 10 presos políticos se encuentran en cárcel de alta peligrosidad. En Yare III, José Miguel Aguilera; en el Rodeo II fue recluido Jesús Alejandro Pérez, mientras que en el Rodeo III, están Ramses Rodríguez, Jordy Ruiz y Marcos Guillén. A Tocuyito enviaron a Raúl Baduel y a Alexander Tirado, y a La Pica a José Américo Gutiérrez. Al INOF llevaron a Marling Márquez y a Balvina MuñozAnte la petición de la Fiscalía General de que siete presos políticos tengan casa por cárcel, el abogado José Vicente Haro considera que la petición es viable y legal: “Es un derecho procesal factible porque los presos políticos no pueden estar en cárcel de alta peligrosidad y no existe la posibilidad de que se vayan del país. Un caso importante es el de Jesús Alejandro Pérez, quien está en el Rodeo II desde abril de 2014”