El informe advierte sobre la criminalización de la protesta | Foto Juan Carlos Neira / Archivo
Un documento de Amnistía Internacional incluye un primer inventario de daños causados por los excesos en la represión de las manifestaciones contra el gobierno, entre febrero y junio de 2014
EDGAR LÓPEZ / El Nacional
25 de marzo 2015 - 12:01 am
“Venezuela. Los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia” es el título del informe de Amnistía Internacional publicado ayer, mediante el cual se describen dos problemas estructurales del sistema de administración de justicia venezolano: 1.- su ineficiencia para investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos, y 2.- el uso artificioso del aparato judicial para criminalizar la disidencia.
El documento incluye un primer inventario de daños causados por los excesos en la represión de las manifestaciones contra el gobierno, ocurridas entre febrero y junio de 2014: 43 muertos, 878 heridos, incluido personal de las fuerzas de seguridad; decenas de personas torturadas y maltratadas, y 3.351 detenidas, de la cuales 27 siguen encarceladas.
“Hasta el cierre de este informe, el 2 de marzo de 2015, no se ha condenado a todos los responsables, ni se ha resarcido a las víctimas y a sus familiares o liberado a las personas detenidas arbitrariamente, demostrando una clara falta de voluntad política del Estado venezolano para asegurar que estas graves violaciones no vuelvan a ocurrir”, afirma la ONG.
El informe precisa datos sobre la criminalización de la protesta: “De las 3.351 personas aprehendidas, si bien muchas fueron liberadas sin cargos, 1.404 personas enfrentan acusaciones por delitos de bloqueo de vías públicas, lesiones, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. De los 27 casos de personas que según el Ministerio Público continúan detenidas en espera de juicio, Amnistía Internacional ha documentado 5 y ha podido constatar que están detenidas arbitrariamente”.
La organización manifiesta su preocupación porque el Estado venezolano, lejos de acoger las reiteradas solicitudes de liberación de todos los presos políticos, detuvo al alcalde Antonio Ledezma y más recientemente a seis estudiantes.Finalmente, Amnistía Internacional advierte que si la represión estatal no cesa “el país seguirá en una espiral de deterioro del Estado de Derecho, colocando a todas las personas en una situación de desprotección ante posibles violaciones de derechos humanos”
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