Afectados del lago de Valencia esperan pagos desde el 2006

Indemnización que ordenó el TSJ no ha sido acatada por el Ejecutivo nacional

ÉRIKA GUILLÉN | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
domingo 17 de agosto de 2014 12:00 AM

Maracay.- Unas 400 familias que habitan en los urbanismos Mata Redonda y La Punta, al sur de Maracay, siguen esperando que el Ministerio del Ambiente cumpla con la medida de desalojo, previa indemnización de sus viviendas, que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el año 2006 ante el riesgo inminente que corren por su cercanía al lago de Valencia.

Habitantes del sector relataron que son 8 años a la espera de una medida judicial que fue ratificada por el mismo ente judicial en el 2007 y aún no se cumple. Las familias en esta condición de emergencia desconocen las razones de la tardanza, pero aún tienen esperanza de que se concrete la orden, pues señalan que "el riesgo que corren de quedar inundados cada día está más latente". En ambos urbanismos del estado Aragua, el sistema de drenaje está colapsado al punto que las dos bombas de achique que están instaladas en un muro de contención que los protege, a veces no tienen la suficiente capacidad para bombear con rapidez el líquido que se acumula en las calles nuevamente hacia el lago, situación que genera anegaciones de viviendas, según sostuvieron.

Dicen que afortunadamente, por la condición de riesgo que atraviesan, este año no ha sido lluvioso, pues aseguran que con una lluvia fuerte, el agua puede alcanzar un metro de altura en sus viviendas y en ocasiones no pueden entrar ni salir por varios días.

"No abandonamos las casas"

Propietarios organizados en la lucha por su indemnización monetaria, destacaron que a pesar del riesgo no abandonan sus vivienda debido a que no cuentan con los recursos materiales ni financieros para mudarse a otro lugar.

Hace más de un año, la gobernación de Aragua, adelantó un plan de movilización preventiva a refugios instalados en Maracay; plan que fue rechazado por varias familias, al considerar que esa opción no garantizaría la obtención de una vivienda digna a la brevedad posible, sino, que se convertiría en más burocracia gubernamental.